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Tequisquiapan, Querétaro – 29 de julio de 2026 – Más de 1,200 vecinas y vecinos de Tequisquiapan, organizados en la Vocería de Ciudadanos y Ciudadanas de Tequisquiapan, denunciaron públicamente la falta de exhaustividad, opacidad y simulación legal en la que ha incurrido el Ayuntamiento municipal respecto al proyecto inmobiliario «Zaanse Reserva Residencial y Comercial». El desarrollo pretende urbanizar de manera ilegal una zona de alta vulnerabilidad ecológica y de amortiguamiento hídrico en el Barrio de San Juan. El pasado 5 de junio de 2026, la ciudadanía entregó una exhaustiva Denuncia Ciudadana Ambiental de 13 páginas, acompañada de un expediente técnico de 156 hojas de pruebas, mapas satelitales y fundamentos legales ante el H. Ayuntamiento y diversas dependencias federales y estatales. Sin embargo, la respuesta oficial emitida por el Municipio el pasado 15 de julio de 2026 mediante el oficio número SDURTYE-1375-14/07/2026 fue calificada por el colectivo como una «simulación» que evade el fondo del problema.
La autoridad municipal, a través del Ing. Tomás Arteaga Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano, Regularización Territorial y Ecología, respondió con un escrito de apenas tres hojas que omitió pronunciarse sobre más de la mitad de las ilegalidades denunciadas. El Municipio guardó absoluto silencio sobre la ilegalidad de los cambios de uso de suelo en las parcelas ejidales dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA 12 («El Llano») a favor del proyecto Tres Barricas S.A. de C.V., las cuales violan flagrantemente el criterio de desaliento urbano obligatorio (AhVi23) y las densidades máximas restrictivas de solo 2 viviendas por hectárea impuestas por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL 2015). Asimismo, la autoridad ignoró la superposición parcial del proyecto sobre la UGA 13, una zona decretada de restauración ecológica obligatoria. Simulación jurídica ante un riesgo hídrico real
● El colectivo ciudadano alertó que, si bien el Municipio presumió en su oficio haber declarado la nulidad jurídica de 8 oficios de dictamen de uso de suelo emitidos de forma irregular en septiembre de 2024 a favor de Campestre Manantiales TX, S.A. de C.V., esta medida es insuficiente. El Municipio justificó la no revocación total del proyecto bajo el argumento de proteger supuestos «derechos adquiridos» y libertades de propiedad privada del desarrollador, perdiendo de vista que la Ley General de Asentamientos Humanos sanciona con nulidad absoluta cualquier permiso que contravenga los planes de desarrollo urbano.
● Adicionalmente, el Frente Ciudadano documentó una flagrante estrategia de fraccionamiento simulado, mediante la cual la empresa promovente tramitó y obtuvo de forma sospechosa 17 dictámenes individuales de uso de suelo en un lapso de solo 21 días (oficios del DUS-170 al DUS-175 y del DUS-230 al DUS-242) sobre predios contiguos que superan las 10 hectáreas de superficie activa, con el único objetivo de fragmentar el impacto ambiental y eludir la Evaluación de Impacto Ambiental de jurisdicción federal obligatoria ante la SEMARNAT.
● El riesgo para las familias de Tequisquiapan es crítico: el polígono total del proyecto se asienta sobre la UGA 61 («La Vega»), una llanura de inundación activa asociada al Río San Juan y zona de recarga vertical del Acuífero Valle de Tequisquiapan (Clave 2205), el cual se encuentra protegido por un decreto de veda presidencial vigente desde 1950. La impermeabilización y compactación del suelo en esta área destruirá irreversiblemente la infiltración del agua, agravará el desabasto hídrico y detonará inundaciones catastróficas aguas abajo. Exigencia y Llamado a la Vigilancia Ciudadana
● Ante la respuesta incompleta, la Vocería Ciudadana ha presentado una réplica formal dirigida directamente al Presidente Municipal de Tequisquiapan, exigiéndole que asuma su responsabilidad constitucional como conductor de la administración pública y fije un Calendario Operativo Estricto para la revisión técnica reproducible de las superficies afectadas y la clausura definitiva de cualquier obra.
● Los vecinos enfatizaron que se mantendrán en completa alerta vecinal: «Este territorio no se regala ni se vende en lo oscurito. Ante el primer camión, la primera máquina o cualquier intento de mover una sola piedra en esta zona de recarga protegida, la ciudadanía ejercerá su derecho legítimo y pacífico a la defensa del territorio».
● El expediente total y las denuncias concurrentes ya han sido turnadas formalmente para su fiscalización externa a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) por posibles omisiones de servidores públicos, así como ante la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, SEDESU y la Procuraduría Ambiental del Estado (PEPMADU).
