● Tres años de incumplimiento a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial obligan a presentar recurso de amparo contra el Congreso y el Ejecutivo estatal.
● El amparo busca garantizar el derecho humano a la movilidad segura, al medio ambiente sano y a la salud.
● Las personas afirman que este recurso no es una confrontación, sino un ejercicio legítimo de exigencia democrática.
Querétaro, Qro., 16 de julio de 2025.
Ante el persistente incumplimiento por parte del Congreso y el Ejecutivo del Estado de Querétaro para emitir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal —como lo ordena la Ley General publicada desde mayo de 2022—, el día de lunes 14 de julio se ha presentado un amparo indirecto por omisión legislativa y administrativa ante el Poder Judicial de la Federación.
¿Por qué un amparo? Porque ya se agotaron todas las vías de exigencia pública, diálogo, mesas técnicas y compromisos no cumplidos. La ciudadanía queretana, a través de diversos colectivos, organizaciones, especialistas y personas usuarias de la vía pública, ha documentado y denunciado desde 2022 que el Congreso del Estado —particularmente su Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito— ha incumplido con su obligación de legislar, a pesar de que el plazo venció desde noviembre de ese año 2022.
A lo largo de estos tres años, el entonces y actual presidente de dicha comisión, el diputado Enrique Correa Sada, reconoció públicamente, en diversos foros, medios y espacios institucionales, la necesidad y obligación de emitir esta ley. Sin embargo, ni él ni su bancada promovieron una iniciativa formal, ni dictaminaron la presentada por el Ejecutivo anterior, ni impulsaron la que, finalmente, fue presentada en enero de 2025 con el apoyo del diputado Arturo Maximiliano García Pérez.
Además, el Poder Ejecutivo estatal tampoco ejerció su facultad de iniciativa, ni implementó medidas urgentes para proteger la vida de las personas usuarias vulnerables del espacio público.
¿Por qué es importante?
- Porque el derecho a la movilidad segura salva vidas. En Querétaro, cada semana mueren al menos dos personas en hechos viales, la mayoría de ellas peatones, ciclistas o motociclistas. Tan solo en 2023, fallecieron 129 personas en siniestros de tránsito, una cifra que supera incluso la de homicidios dolosos.
- El Estado mexicano ha firmado compromisos internacionales para reducir a la mitad estas muertes para 2030, como parte del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de la OMS, el ODS 3 y 11 de la Agenda 2030, y el Acuerdo de Escazú.
Sin una ley estatal que establezca responsabilidades claras, mecanismos de coordinación, financiamiento, monitoreo y participación social, el derecho a la movilidad seguirá siendo una promesa vacía.
¿Qué pide el amparo?
- Que se reconozca la existencia de la omisión legislativa por parte del Congreso local.
- Que se ordene emitir la ley estatal en un plazo razonable, tomando como base la iniciativa ya presentada.
- Que se obligue al Ejecutivo estatal a presentar una iniciativa propia en caso de que el Congreso no actúe, y a implementar medidas urgentes de seguridad vial.
Que se garantice la creación de mecanismos institucionales como: Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, Observatorios ciudadanos, Programas presupuestados, Procesos participativos y transparentes
Que se declare la violación a derechos humanos, específicamente: Movilidad segura, Medio ambiente sano Salud, Vida e integridad personal, Acceso a la información, Seguridad jurídica.
Un derecho, no una confrontación
El amparo es una herramienta constitucional para exigir justicia y cumplimiento de obligaciones del Estado. No es una demanda “contra” alguien, sino una defensa por algo: por los derechos humanos de toda la ciudadanía. Es un llamado jurídico, político y ético a que las instituciones actúen con responsabilidad.
“Queremos una ciudad donde caminar, pedalear o tomar transporte público no sea un riesgo de muerte. Queremos que las leyes sirvan para protegernos, no solo para sancionarnos. Queremos que las autoridades primero cumplan su parte antes de exigirnos a nosotras y nosotros”, señaló el promovente del amparo, Juan Carlos Bravo.
Este recurso busca abrir camino a un nuevo paradigma: que el Estado se autorregule, se coordine y se haga responsable de garantizar condiciones dignas, seguras y sostenibles de movilidad antes de imponer obligaciones a la ciudadanía.
