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Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.— Un grupo de más de 400 personas ciudadanas presentamos formalmente una solicitud de audiencia pública ante la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, dirigida a Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría Ambiental del Estado de Querétaro, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, para exigir transparencia, evaluación ambiental previa y rendición de cuentas sobre el proyecto “Libramiento Metropolitano de Querétaro” (LMQ).
El proyecto, una autopista de cuota de 95.5 km concesionada a la empresa Omega Construcciones Industriales por 30 años, presenta irregularidades que resultan alarmantes:
1. Se firmó la concesión antes de la evaluación ambiental. El Título de Concesión 01/2025 fue suscrito el 27 de enero de 2025, con 25 anexos, mientras que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sigue en evaluación ante la SEMARNAT —con ampliación de plazo desde el 3 de noviembre de 2026— y sin resolutivo favorable. Es decir, se comprometió territorio, inversión y un plazo de tres décadas sin certeza jurídica ambiental.
2. La SDUOP reservó la totalidad del expediente. Mediante el Acuerdo 13/2026, el Comité de Transparencia clasificó como reservada la totalidad del expediente de concesión, incluyendo el fallo, el título, el modelo financiero y los 25 anexos. Ante una solicitud de acceso a la información (folio 220456226000830), la dependencia respondió con una negativa genérica, argumentando que “forma parte de un proceso administrativo”, sin motivar por qué cada documento justifica el secreto.
3. Existe una contradicción documentada en el calendario de licitación. La convocatoria oficial fijó el fallo para el 30 de septiembre de 2024; sin embargo, diez días después, el titular de la SDUOP declaró públicamente que la licitación seguía en curso y que había dos empresas interesadas. Esta contradicción no ha sido aclarada.
4. Se avanza en la liberación del derecho de vía sin MIA aprobada. Según declaraciones oficiales, a abril de 2026 la liberación del derecho de vía registraba un avance del 60%, y la propia SDUOP reconoce que coordina la “parte social” y apoya a la empresa en las negociaciones con ejidatarios. Ningún acuerdo de ocupación puede considerarse válido si el proyecto carece de autorización ambiental.
5. Existe un antecedente documentado de daño ambiental y conflictos ejidales. Omega Construcciones Industriales fue señalada en 2013 por ejidatarios de Durango por trabajar sin permiso en zona de reproducción de guacamaya en peligro de extinción y por destruir bosque y manantiales. En 2026, ejidatarios del Ejido Mimila paralizaron obras de la empresa exigiendo indemnización. Este patrón contrasta con la opacidad del expediente en Querétaro.
Las más de 400 personas firmantes no buscamos bloquear el proyecto, sino garantizar que se realice con transparencia, evaluación ambiental previa y participación ciudadana informada, conforme al Acuerdo de Escazú y la Ley de Participación Ciudadana del Estado. La audiencia pública es el mecanismo legal idóneo para exigir que el Estado rinda cuentas sobre un proyecto que compromete territorio y recursos por 30 años.
Exigimos a las autoridades que:
Hagan públicos los estudios previos, el trazo definitivo, el título de concesión y el modelo financiero.
Convoquen a consulta pública sobre la evaluación de impacto ambiental antes de resolverla.
Se abstengan de ejecutar actos materiales de ocupación mientras la MIA no cuente con resolutivo favorable.
Celebren la audiencia pública de manera conjunta y en un solo acto, con transmisión pública y condiciones de neutralidad.
La opacidad no es un accidente: es un obstáculo para el escrutinio ciudadano. Querétaro necesita agua, ecosistemas funcionales y biodiversidad. Una carretera puede construirse en otro lugar; un río o un ecosistema destruido, no.





