Gabriela Abigail Gutiérrez Zaragoza, se presentó hoy en la Fiscalía General de la entidad, le acompañaron representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, para exigir justicia en relación a su caso.
Se presenta enseguida, un documento auditivo en el cual, Gutiérrez Zaragoza sostiene una conversación con Beatriz Hernández, quien funge como auxiliar de la Fiscal.
A continuación se muestra el texto íntegro que leyó Gabriela Abigail Gutiérrez Zaragoza en rueda de prensa.
Mi nombre es Gabriela Abigail Gutiérrez Zaragoza. Me encuentro aquí, a las puertas de la fiscalía general del Estado de Querétaro, Unidad número 4, para alzar la voz. No lo hago sola, estoy acompañada de organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se suman a la indignación por mi caso y cientos de casos semejantes al mío en los que ha prevalecido la violencia institucional, las negligencias y la revictimización de parte de las autoridades del Estado. La violencia institucional nos deja en una situación de indefensión y vulnerabilidad doble: por un lado, estamos en riesgo frente a nuestros agresores y, por otra parte, las autoridades no hacen su trabajo, violentando así, principalmente, nuestro derecho de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
Desde el año 2017 recurrí a las instituciones jurisdiccionales como esta fiscalía que es la ‘especializada en la investigación de delitos sexuales, violencia familiar y en agravio del menor’ para denunciar la violencia que ejercía, contra mí persona y contra la de mis menores hijos, mi expareja, con la cual estuve casada durante cinco años; esta persona ejercía violencia en forma verbal, física, psicológica, económica, patrimonial, poniendo tanto mi vida, como la del resto de mi familia, en un riesgo constante.
Destaco algunos de los episodios más violentos que son del conocimiento de las autoridades y sobre los cuales no habido mayor consecuencia: mi agresor quemó un auto de mi propiedad, me apuntó con una pistola, intentó sacarme de la carretera mientras conducía un vehículo, sustrajo a nuestros menores hijos en dos ocasiones. No obstante, de todos estos hechos, reitero ya denunciados, a mi expareja le fueron concedidas convivencias con nuestros menores hijos al interior de CECOFAM, el Centro de Convivencias Familiares.
Iniciadas las convivencias mi menor hija de tres años manifestó, en varias momentos, infecciones genitales, mismas que fueron confirmadas tras una revisión médica. En el año 2018 mi menor hija me indicó haber sido lastimada por su padre en su zona genital, esta declaración me llevó a iniciar una denuncia en esta fiscalía, dónde después de una investigación deficiente y lenta, la fiscal Gricelda María Rosas Rodríguez me indicó que seguramente a mi menor hija su padre “la había limpiado bruscamente al llevarla al baño”. Me es preciso aquí destacar que la fiscal que realizó esta afirmación conocía a mi expareja e inclusive lo trataba con un seudónimo. Dado que esa carpeta fue declarada bajo el no ejercicio de la acción penal, mis menores hijos se vieron obligados a reanudar las visitas con su padre en CECOFAM. A consecuencia de esto, percibí en mis hijos un alto nivel de estrés, incluso mi hija desarrollo una afección de piel conocida como vitíligo que, de acuerdo con el diagnóstico médico, en su caso, surgió derivado de una situación de estrés crítica.
Una vez más en el año 2019 mi hija me relató haber sido lastimada por su padre en sus genitales, por lo que, nuevamente, acudí a fiscalía a denunciar estos hechos. La fiscalía cuenta con un informe especializado remitido por la institución Corazones Mágicos, en el cual, se confirma derivado de un estudio exhaustivo el abuso sexual que sufrió mi hija. Es decir, aun cuando existe material suficiente al interior de la carpeta de investigación para que las autoridades frenen definitivamente la violencia que vivimos, no ha pasado nada.
Me es preciso destacar que, algunas de las autoridades a cargo de la investigación de los hechos que he denunciado conocen a mi expareja ya que, laboró al interior de servicios periciales en la fiscalía número 9. Dada la inacción y negligencia a mis denuncias considero que esa relación ha trascendido a decisiones sobre el manejo de la investigación. Inclusive Beatriz Hernández auxiliar de la Fiscal a cargo de mi carpeta realizó una modificación a una declaración que realizó mi agresor a la fiscal en turno y quedo asentada en la carpeta de investigación, la cual consistía en una amenaza de feminicidio.
A pesar del conocimiento de esa y otras amenazas, sin ninguna notificación o acto semejante, la fiscalía del estado me retiró las pocas medidas de protección que me habían brindado. Tras 3 carpetas de investigación y 4 años de seguir los procedimientos legales correspondientes he agotado las instancias legales, pero mi agresor y el de mi mejor hija sigue impune.
Abiertamente expreso que mis únicos deseos son justicia para mi hija. Quiero que mis menores hijos e hija vivan una infancia sin violencia, sin ser continuamente violentados por las autoridades al ser expuestos a convivir con un agresor. Asimismo, quiero vivir sin miedo, sin el peligro de vivir asediada por una persona que ha puesto en peligro mi integridad y que amenaza con matarme. Quiero que las mujeres que estamos viviendo contextos de violencia podamos acudir a las autoridades y que estas nos traten con respeto y sin violentar nuestros derechos humanos.
Cotidianamente muchas mujeres que están viviendo situaciones de violencia de género acuden a las autoridades competentes para denunciar a sus agresores, sin embargo, reciben discriminación, indiferencia y revictimización, es decir, violencia institucional. Las y los servidores públicos que trabajan al interior de la fiscalía unidad 4, a pesar de ser la fiscalía indicada para atender casos de violencia de género no cuenta con las aptitudes y capacitación pertinente en el tema. Es por estas razones que el día de hoy hago un llamado a las autoridades del Estado y, en especial, a las y los servidores de la fiscalía número 4, que han violentado a muchas mujeres como yo, a que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades como autoridades, a que implementen la perspectiva de género y respeten y pongan en práctica los estándares de derechos humanos como corresponde. La violencia de género no es un tema privado es un tema público.
Las autoridades que trabajan en fiscalía numero cuatro precisamente por ser la unidad ‘especializada en la investigación de delitos sexuales, violencia familiar y en agravio del menor’ deberían ser las autoridades expertas en violencia de género, perspectiva de género y derechos humanos y no, ser una de las unidades más ineficientes, revictimizadoras y negligentes en el Estado.
Hago un llamado a que las autoridades para que modifiquen definitivamente el rumbo del tratamiento que se nos da a las personas que somos víctimas de un delito de esta índole. La violencia de género es un asunto del Estado.
Se exhibe la imagen de un recado dejado a «Griselda».
