Ante la propuesta del Presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial de la Federación, el Ministro Arturo Zaldívar destacó hoy la importancia de garantizar la división de poderes.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistió en que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantizará que las y los jueces federales actúen con independencia.
La afirmación tuvo lugar luego de que el Senado recibiera hoy la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador para regular el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones del Poder Judicial de la Federación.
El Ministro Zaldívar también defendió que la división de poderes es esencial en la democracia.
«Que no haya duda. El #CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La #IndependenciaJudicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional», escribió esta tarde en su cuenta de Twitter.
La iniciativa que envió hoy el titular del Poder Ejecutivo Federal a las y los senadores también incluye sanciones contra la corrupción de jueces y magistrados, de igual forma establece que el nepotismo podría ser sancionado hasta con 20 años de inhabilitación.
El Senado explicó en un comunicado que la iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa «para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo».
La respuesta que esta tarde dio Zaldívar Lelo de Larrea llega en uno de los momentos más álgidos entre los poderes Ejecutivo y Judicial, luego de que un Juez otorgara un amparo contra la Ley Eléctrica de AMLO, aprobada la semana pasada por el Congreso.
El Presidente dijo esta mañana que si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley Eléctrica no procede, buscará una modificación constitucional para que ésta se ejecute.
Los cambios que el mandatario mexicano propuso, y que el Congreso mexicano avaló, buscan priorizar la generación energética de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la iniciativa privada, sobre todo en materia de energías renovables.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo mexicano planteó: «Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución.
¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo».
El Primer Mandatario dijo que en las próximas elecciones se podrá lograr que su Gobierno tenga mayoría en las Cámaras legislativas y con ello evitar que se echen para atrás las modificaciones de ley que su Administración ha impulsado.
«Ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios», aseguró.
También se mostró convencido de que en caso de impulsar una reforma constitucional tendrá el apoyo de las «dos terceras partes» del Congreso necesarias para tirarla adelante después de las elecciones intermedias del 6 de junio.
«Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan el juez, magistrados, ministros, que es inconstitucional, y que no puede proceder enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución», afirmó.
RESPUESTAS DEL PRESIDENTE DE LA SCJN
La respuesta de esta tarde a las quejas del Presidente López Obrador no es la primera que lanza Arturo Zaldívar en estos días de polémica.
El lunes pasado, el Ministro Presidente de la SCJN respondió con un: «su queja será remitida al área correspondiente» a la carta que AMLO le mandó para quejarse del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, al que no considera libre sino atado a intereses ajenos al ejercicio público.
«Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autónoma e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen», planteó en la misiva que Zaldívar envió al Presidente.
«Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia.
Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo nos, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la le, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.
Seguiremos cumpliendo con esta encomienda», añadió.
Antes de esa carta, el 13 de marzo, Arturo Zaldívar expuso que los jueces federales actúan con independencia y autonomía.
«Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad.
Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial», escribió Zaldívar en su cuenta de Twitter.
LA LEY QUE DESATÓ POLÉMICA
El 9 de marzo pasado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La reforma cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.
Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la LIE se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
También precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas y además elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.
Luego de la entrada en vigor del decreto, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de «un plazo máximo de 180 días naturales» para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos.
Sin embargo, el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó suspender los efectos y consecuencias del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LIE.
MS.
