Se llevó a cabo un pronunciamiento del Frente Feminista Nacional Capítulo Querétaro, por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a conmemorarse el 25 de noviembre, como sucede anualmente. El mensaje fue dirigido al gobernador Francisco Domínguez Servién, diputadas y diputados de la LIX legislatura estatal, al Poder Judicial, la Defensoría de los Derechos humanos, la Fiscalía General del Estado, y a la opinión pública. La organización citada al inicio, señaló que el asesinato de 11 mujeres al día en promedio a nivel nacional muestra una severa crisis en materia de Derechos Humanos de la mujer y la incapacidad de los 3 órdenes de gobierno para garantizar la integridad y vida de la mujer.
Asociado a lo previamente referido, destacaron que nuestro estado sigue ocupando el primer lugar nacional de lesiones dolosas contra mujeres, según hicieron saber, se registra una tasa de incidencia de 187 casos por cada 100,000 mujeres, durante el período de enero a septiembre del presente año, supera por 3 veces la incidencia nacional, que es de 66.1, conforme a datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de igual manera, en cuanto al incremento de la violencia sexual ejercida contra las mujeres durante los primeros 7 meses de 2020, Querétaro ocupa el cuarto lugar con mayor tasa de denuncias del delito de violación, el doble del promedio nacional. Tomando en consideración, la experiencia de acompañamiento a víctimas, las ponentes remarcaron su certeza al asegurar que hay una una relación por demás estrecha del incremento de estos delitos y la reclusión de las mujeres en sus casas por motivo de la pandemia.
Consideran urgente que los institutos municipales de las mujeres como primera instancia responsable del diseño de políticas públicas con perspectiva de género, cuenten con el personal y recursos económicos adecuados para que funcione correctamente el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, además de partidas presupuestales por parte del gobierno estatal con el fin de formar y capacitar en perspectiva de género a integrantes de las secretarías de Seguridad Pública municipales; y, al personal que brinde apoyo psicológico y jurídico, instruir en pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres para la atención integral de las víctimas dentro del complejo fenómeno de la violencia, ya que en diversas ocasiones, las víctimas buscan apoyo en las instancias gubernamentales, y la respuesta obtenida es insuficiente para lograr que se liberen del sometimiento y opresión que el agresor regencia en su contra, porque se ha observado que muchas mujeres quedan atrapadas al depender económicamente de su agresor, y cuando intentan liberarse, requieren de un empleo que les permita tener ingresos propios para solventar los gastos familiares; sin embargo, las opciones llegan a ser prácticamente nulas. En consecuencia, urge que las autoridades implementen una atención integral que satisfaga los requerimientos de las víctimas, ya que de no hacerlo, la vida de estas mujeres se encuentra en riesgo. Cabe señalar que en la mayoría de los feminicidios ha habido una larga historia de maltrato y abuso, acompañados por una serie de solicitudes de auxilio efectuadas por parte de la víctima a las autoridades, con el primordial objetivo de salvar su vida y conservar el bienestar de sus hijos e hijas.
En el marco internacional del Día Contra la Violencia hacia las mujeres, feministas demandan de manera reiterativa y puntual, la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género; que, incluye entre otros puntos: programas de capacitación y empleo a favor de las mujeres en situación de violencia; la implementación correcta de medidas de salvaguarda, previa evaluación de riesgo y plan de seguridad por parte de la Fiscalía General del Estado, como responsable de la protección de las víctimas. Bajo esta tesitura, instaron a la Fiscalía, para que clasifique los delitos contra las mujeres de acuerdo al tipo penal que corresponde; es decir, que no oculten las muertes violentas de mujeres clasificándolas como homicidios o suicidios cuando claramente son feminicidios.
También puntualizaron la falta de respuesta institucional a las mujeres, al privar su derecho a manifestarse libremente en el espacio público para exigir demandas que agotaron sus canales formales. Por tal motivo, denuncian lo acontecido el pasado 30 de octubre durante la sesión de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, donde 18 legisladores (PAN, PVEM, PES, Querétaro Independiente y 3 del PRI) aprobaron reformas al Código Penal, para dar lugar a la coloquialmente conocida como «Ley Garrote» que, criminaliza la legítima protesta de los movimientos sociales en nuestro estado. En este punto, se hace mención que únicamente las y los diputados de MORENA votaron en contra; y, el diputado plurinominal del PRI; José Hugo Cabrera Ruiz, presentó una reserva, al considerar que las modificaciones a los artículos 287, 288 y 289 deberían votarse aparte por no tener relación con la pandemia, situación que habría dado origen a la reforma.
Las diferentes colectivas y organizaciones activas feministas rechazaron tajantemente estos cambios de índole penal, se dijeron ciertas de que en el fondo el Congreso estatal aprobó una política criminal que concibe a la protesta social como un delito, y su movimiento dinámico que ha conseguido logros significativos en materia de derechos humanos de las mujeres se ve afectado severamente. A propósito de la pandemia por el SARS_COV_2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la salud deberá ser protegida temporalmente desde el ámbito administrativo no así del penal; por tal razón, la situación mundial que atravesamos no debe ser utilizada como pretexto para aumentar el poder coercitivo en los estados sobre las diversas expresiones políticas de sectores históricamente ubicados en condición de vulnerabilidad.
El artículo 121 del Código Penal local, relativo a la provocación de cometer un delito o hacer apología de éste, fue reformado para incrementar sus penas y sancionar hasta con 6 años de prisión a quien invite a causar daños, no conformes con el tipo penal, habrá de aumentarse la pena, hasta 9 años de prisión si el daño es a bienes públicos; evidentemente, este artífice del delito es un mecanismo legal hecho a modo para hacer retroceder la protesta feminista y desarticular al movimiento. En este sentido, resaltaron el afán de criminalizar a las colectivas convocantes de marchas y acciones públicas presentándolas como incitadoras al delito. Pese a todo, sugieren denunciar el proceder de servidores públicos que ignoran la laicidad del Estado e incumplen los tratados internacionales, la Constitución Política y demás normatividad local que, con discursos de odio colocan en inminente riesgo a mujeres buscadoras de justicia para sus hijas. amigas. y hermanas asesinadas. Asimismo, señalaron al aparato gubernamental de Querétaro por solapar comportamientos de legisladores anti derechos, evadiendo y trasgiversando cada una de las pruebas que la ciudadanía presenta ante las instancias correspondientes, como el Órgano de Control Interno del Congreso Local, la Fiscalía, y la Defensoría de los Derechos Humanos. Tales situaciones únicamente son evidencia de la participación ciudadana que, el estado se empeña en contestar con un mensaje de impunidad.
