El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) constituye una organización político-militar, integrada en su mayoría por indígenas chol, mam, tojolabal, tzeltal y tzotzil, todos ellos ubicados en Chiapas. Aunque se dieron a conocer durante el sexenio salinista, su nacimiento se da en los primeros años de la década de 1980. En el momento que una pequeña agrupación guerrillera conformada por indígenas y mestizos, tomó posesión en la zona montañosa de la Selva Lacandona, con el firme objetivo de dar lugar a un frente que detonara la confrontación armada en México.
Al día de hoy, esta agrupación ya tiene presencia en 43 demarcaciones chiapanecas, cabe recordar que recién iniciaba el año 1994, justamente cuando daba principio el amanecer, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se presentaron para exigir tierra, alimentación, salud, trabajo, educación, independencia, democracia, salud, paz y justicia para el sector indígena en nuestro país; derivado de ello, declararon la guerra al Ejército Mexicano. Así fue como el «Levantamiento Zapatista» tomó por la fuerza las cabeceras municipales de Altamirano, Chanal, Huixtán, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas en Chiapas.
A causa de lo sucedido; Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en aquel entonces, se exhibió recio y determinó enviar a las fuerzas armadas para encarar a los zapatistas, de tal manera que, durante un lapso de 11 días se suscitaron combates entre militares e indígenas, decenas de pérdidas humanas fue el desenlace. Cabe mencionar que las caóticas imágenes donde se mostraban en el suelo tirados los cuerpos de indígenas choles, mam, tojolabales, tzetzales y tazotziles, llegaron prácticamente a divulgarse por todo el orbe.
Los hechos dejaron un fuerte sabor acre, y el hombre al frente del movimiento era un encapuchado que se hacía llamar «El Subcomandante Marcos», cabe señalar que hasta ahora, no ha mostrado su rostro descubierto, hoy se da a conocer como «Subcomandante Galeano».
El primer documento público del EZLN fue la Declaración de la Selva Lacandona, en dicho documento se refiere al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, como ha sido previamente mencionado, involucraba la correspondiente declaración de guerra a las fuerzas federales, a las cuales, se les aludía como el pilar básico de la dictadura, monopolizada por el partido que predominaba en el poder y era liderada por el Jefe del Ejecutivo Federal.
El texto de forma íntegra se muestra enseguida:
HOY DECIMOS ¡BASTA!
Al pueblo de México:
Hermanos mexicanos:
Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.
Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice:
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.»
Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari.
Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador.
También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre.
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad.
Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes:
Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.
Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica.
Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo.
Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates.
Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN.
PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo,alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.
INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTES
DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
Comandancia General del EZLN
Año de 1993
Se considera relevante traer a la memoria, que en aquellos días, el gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se afanaba en conseguir la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Pero la presencia zapatista ya era del conocimiento mundial, y por tal razón, a partir del día 12 del mes en curso, el gobierno de México tomó la decisión de dialogar con el EZLN, con vísperas a encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes que dieran como resultado el cese del conflicto a través del diálogo.
Las primeras conversaciones empezaron el 16 de febrero de 1994, finalizando con la firma de los acuerdos de San Andrés sobre el «Derecho y Cultura Indígena», en donde se generó el compromiso por parte del Estado, no únicamente de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, sino a hacer valer el goce de su autonomía.
A continuación se muestra textualmente el documento, la fecha correspondiente es el 15 de febrero de 1996:
El Diálogo de San Andrés
y los Derechos y Cultura Indígena.
Punto y seguido
- LOS DERECHOS INDÍGENAS Y EL DIÁLOGO NACIONAL
La primera fase de las negociaciones con el gobierno federal ha concluido, la correspondiente al tema Derechos y Cultura Indígena. ¿Cuál es el carácter de esta negociación? ¿Cómo es que el EZLN concibe el Diálogo de San Andrés?
Primeramente, los zapatistas han convertido lo que pudiera haber sido solamente una negociación entre las dos partes en un diálogo abierto, participativo e incluyente, de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión, de todas las que se puedan involucrar en la discusión de cada tema. Porque la política del EZLN ha sido participar en una negociación en donde no se concibe a sí mismo como una fuerza que camina hacia su rendición o su desaparición, como el gobierno ha querido hacer creer a la opinión pública durante esta primera parte del diálogo, sino como una organización armada, de fuerte base social, que está transitando hacia convertirse en una fuerza política nacional, creciendo en el ánimo de construir un camino más amplio e incluyente con el resto de los mexicanos, y convertirse en una fuerza que vaya abriendo los espacios para que por allí transiten otras voces, otros pasos, otros corazones. El EZLN ha sido acompañado en todo este proceso, y desde el fin de la primera etapa de la guerra, por una sociedad civil que se ha comprometido crecientemente bajo nuevas formas de relación política, y con su actitud ha marcado un parteaguas histórico en el devenir reciente de la vida nacional, colocando a este presente en el futuro inmediato: es la primera vez que una organización opositora, y en este caso rebelde ante el orden establecido, incluye a la sociedad en su conjunto en una negociación que tiene por meta final la transición a la democracia.
A pesar de que el EZLN es el que negocia, el interlocutor reconocido por el gobierno federal en este diálogo, considera que el actual gobierno, inmerso en una crisis que ha aumentado su autoritarismo, tiene cerrados todos los demás canales de diálogo con la sociedad. Han sido las armas y la creciente autoridad moral de los zapatistas las que han obligado al mal gobierno a aceptar una negociación, y en esta parte a tener que reconocer la capacidad de convocatoria nacional que se ha expresado en las diferentes mesas y en el Foro Nacional Indígena de enero de 1996. Poco a poco, y acompañado en su andar por la mayoría de las organizaciones indígenas, los zapatistas han ido incluyendo en la agenda de San Andrés demandas que provienen de todos los rincones del México negado, del México profundo. Las mesas siguientes, sobre Democracia y Justicia, y sobre Bienestar y Desarrollo, ampliarán aún más la participación de sectores urbanos y del resto de los actores involucrados en la vida económica, política y social del país…
Para evitar la generalización de la violencia y contribuir a una paz con justicia y dignidad, los zapatistas han hecho todo por que las demandas del pueblo mexicano se puedan expresar en este único puente de acceso hacia un gobierno que ha perdido legitimidad y control, que entrega pedazo a pedazo la soberanía nacional y que mantiene oídos sordos ante los reclamos cada vez mayores de una sociedad que sufre los efectos de las políticas neoliberales que le son dictadas desde el extranjero. El primer tema de la negociación, que se refería al México indígena, ha sido acompañado por un despertar de la conciencia de los pueblos indios, y en ese sentido el EZLN se considera solamente parte de este movimiento, de ninguna manera su cabeza o su vanguardia. Y si bien el EZLN es un ejército popular mayoritariamente indígena, y tiene además su propia concepción acerca de los temas de esta fase (autonomía, derechos, cuestión territorial, libre determinación, situación de la mujer, etcétera), no ha impuesto esta concepción ni en las mesas, ni a sus asesores e invitados, optando más bien por incluir el más amplio rango de demandas, algunas de ellas contrapuestas o en debate y construcción, y enfrentarlas a la delegación gubernamental. Es decir, para la sociedad mexicana en su conjunto, San Andrés se proyecta ya como el espacio del Diálogo Nacional, el foro tan anhelado de expresión en donde la sociedad mexicana construye un nuevo proyecto de nación.
A lo largo de la negociación, el EZLN ha estado recogiendo y consensando esta palabra diversa para comprometer al gobierno a resolver la problemática situación y la indigna miseria en la que subsisten los pueblos indios del país. En cuanto a la autonomía de éstos, que no ha sido aceptada en su totalidad por el gobierno federal, el EZLN la concibe en el contexto de una lucha nacional mucho más amplia y diversa, como parte de la autonomización de la sociedad civil en su conjunto. El EZLN tiene perfectamente claro que con la sola autonomía indígena no se va a derrotar al antiguo régimen, y que esto sólo será posible con la autonomía, y la independencia y libertad, de todo el pueblo mexicano. Con respecto a reformar el artículo 27, actualizándolo y recuperando el espíritu original de Emiliano Zapata, algo que ha sido rechazado por el gobierno, saben que esta reforma dependerá de la correlación de fuerzas y será una de las principales tareas constituyentes de un nuevo orden político y social.
Porque los zapatistas tienen perfectamente claras las enormes limitaciones que un régimen como el actual tiene, la capacidad limitada que impide que el gobierno tome en sus manos la solución de problemas que escapan ya a sus posibilidades de gestión y control. Consideran también que el escenario de la negociación se mueve en una casi total incertidumbre y que están sentados a la mesa con un gobierno que representa la fase terminal de un antiguo régimen, de un sistema de partido de Estado corrupto y criminal que pretende perpetuarse por todos los medios, o alternar el poder con las fuerzas de la derecha, conforme al esquema bipartidista que le es recomendado desde los Estados Unidos. Dentro de ese escenario, la lucha zapatista ha significado, desde 1994, un obstáculo para quienes habían decidido ya la entrega de la patria a los intereses del dinero, y con su presencia y su constante iniciativa política, ha cambiado radicalmente el ordenamiento de todas las fuerzas políticas y sociales que se mueven en el país. Factor de cambio y de esperanza, en particular para los más pobres y los más pequeños, el EZLN ha decidido convertirse en impulsor de una transformación radical de todas las relaciones sociales.
Porque el EZLN intenta cambiar desde abajo la configuración general del sistema, las bases más profundas de su reproducción, propiciando, junto con muchas otras fuerzas que luchan en el mismo sentido, la sustitución del sistema de partido de Estado por un orden político y social basado en la democracia, en donde quienes manden, manden obedeciendo, en donde se restituya el Estado de derecho y la vigencia de la ley.
Los zapatistas pretenden también, y lo han repetido desde su aparición pública en 1994, recuperar los intereses supremos de la nación y la legitimidad que ha sido disminuida por el autoritarismo gubernamental, sentando las bases para la elaboración consensada de un nuevo constituyente, de un orden legal reforzado en la democracia más amplia y representativa posible: de allí que la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, emitida el primero de enero de 1996, proponga la creación de una fuerza política con otra noción del poder y del ejercicio de lo público, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que enfrente organizadamente la caída de un orden que se precipita aceleradamente hacia su disolución.
Esta primera fase de la negociación se inscribe así dentro de una concepción nacional de la problemática del país, con la conciencia plena de poder incluso propiciar la sustitución mundial del actual desorden económico neoliberal que pone en peligro a la humanidad. San Andrés tiene allí su propia dimensión como punto de arranque, de ninguna manera como punto final o meta definitiva. San Andrés es el espacio de una estrategia más amplia de transformación profunda de las relaciones entre los mexicanos. La conclusión de la actual fase es sólo el punto y seguido de una lucha creciente en donde los actores principales no están directamente sentados a la mesa, sino latiendo al unísono de una negociación que el EZLN ha convertido en un diálogo de nuevo tipo, apoyado en sectores diversos del espectro social, que reflejan la riqueza y variedad de la sociedad civil mexicana.
- DOS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
Al concluir los trabajos de la mesa de Derechos y Cultura Indígena, es necesario valorar el desarrollo del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, bajo el imperativo de evitar los obstáculos que han hecho difíciles los trabajos de la negociación y han limitado los alcances de los acuerdos.
El nuevo diálogo, entablado gracias a la movilización de la sociedad civil, debe tener como objetivo la formulación de un nuevo marco jurídico y la definición de políticas que satisfagan las legítimas causas del alzamiento. Esto obliga a las partes a acudir con una abierta disposición a la solución de los problemas profundos que se discuten, en beneficio de todos los pueblos indígenas de México y, en general, de la sociedad nacional que aspira a una existencia democrática.
No obstante, las esperanzas en el logro de una solución justa y legítima han menguado en varios momentos importantes del proceso, debido a reiteradas actitudes y acciones gubernamentales que han hecho ardua la negociación.
Durante todo el proceso de diálogo, el gobierno ha mantenido e incrementado la presencia militar en la zona del conflicto, y ha dirigido sus fuerzas armadas contra la población indígena, en una estrategia de guerra de baja intensidad que ya ha sido debidamente denunciada por amplios sectores de la sociedad civil nacional e internacional. Pero no sólo esto: los representantes gubernamentales han mantenido durante las negociaciones una serie de actitudes racistas y muchas veces insultantes frente a la delegación zapatista, han variado no pocas veces sus posiciones y han querido burlarse de la inteligencia de su contraparte dialogante. El gobierno federal, temiendo la obligación de cumplir sus propias leyes, ha violado la Ley de Concordia y Pacificación por una Paz Digna, y ha restringido las garantías constitucionales de los integrantes del EZLN, especialmente la garantía de libre tránsito.
Los problemas de la negociación para una paz digna en Chiapas se iniciaron en San Miguel, cuando la parte gubernamental asumió una actitud soberbia y prepotente frente a la delegación zapatista. Ya en la primera fase de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, la delegación gubernamental pretendió imprimir el más bajo nivel posible al diálogo entre las partes, así como reducir el debate al ámbito chiapaneco. El EZLN, por su parte, integró entre sus asesores e invitados a dirigentes y miembros activos del movimiento indígena nacional y de Chiapas, así como a intelectuales, académicos y participantes reconocidos de instituciones ligadas al medio indígena y de medios de comunicación. El resultado fue significativo: la calidad de las intervenciones estuvo del lado zapatista de la mesa, pero no sólo esto: una buena parte de los indígenas que fueron invitados del gobierno, así como algunos de sus asesores e invitados, reconocieron que tal debate era posible sólo por lo que había sido y representado el amanecer zapatista de 1994. Roto este dique, la estrategia gubernamental se vino abajo en esta primera fase, obteniéndose resultados positivos que dieron razones al optimismo.
La segunda fase de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena no tuvo, sin embargo, el sentido que habían marcado los resultados de la primera. El problema provino de nueva cuenta del lado gubernamental: desconociendo consensos anteriores, pretendió burlarse de los zapatistas, así como de los pueblos indios y de los amplios sectores de la sociedad mexicana que estaban atentos a los resultados del proceso, al ubicar los ejes del debate en los planos locales y en la lógica del asistencialismo. Negó el anterior consenso respecto a la recuperación del espíritu original del artículo 27 constitucional y el rechazo a las políticas neoliberales. Llegó a la vez con la pretensión de reducir aún más el nivel de los debates, al identificar, por ejemplo, pueblo con poblado, y al rechazar conceptos claves como el de la libre determinación.
Entre las fases dos y tres, es decir, entre noviembre de 1995 y enero de 1996, el gobierno reafirmó su esquema de participación en el diálogo con la nueva idea de «achicar» al zapatismo y a los que entonces consideraron sus aliados. El «achicamiento» al que se referían en aquellos momentos los delegados gubernamentales no era, por desgracia, sólo el que iba en el sentido de limitar al extremo los contenidos del diálogo, sino también el que se dirigía a mantener lo militar y el cerco político como ejes articuladores de la estrategia. Fue entonces, también, cuando los delegados gubernamentales plantearon que el EZLN no tenía ideas ni propuestas definidas en el proceso de diálogo y negociación.
Ya para entonces era evidente, por lo demás, que había una absoluta desproporción en el uso de los medios de comunicación, sin contar con el hecho de que éstos fueron sistemáticamente utilizados por los representantes del gobierno para tergiversar ideas y propuestas de los zapatistas, para desinformar o para magnificar las posiciones oficiales. Con todo, el interés de la mayoría de, la población por el proceso fue de tal extensión e intensidad que todo el tiempo rebasó el cerco informativo, y abrió su corazón y oídos al mensaje cotidiano de los delegados del EZLN y su cuerpo de asesores.
Así como la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia de agosto de 1995 obligó al gobierno a dar un curso nuevo a las negociaciones, fue el Foro Nacional Indígena de la primera semana de enero del 96 lo que llevó a dar un nuevo giro a la fase 3 de la mesa 1, después del cerco y de lo que puede considerarse literalmente como una agresión del ejército contra la población de Oventic y La Realidad a finales de diciembre. El peso que el Foro Nacional Indígena tuvo en esta última fase del diálogo fue, por lo demás, de una importancia mayúscula, pues representó el paso más significativo que, en el terreno de la organización y de la definición programática, ha dado el movimiento indio nacional en las últimas décadas.
Con todo y que el gobierno mantuvo la estrategia señalada, la fase 3 recuperó finalmente la idea que había normado la propuesta zapatista desde la instalación de la mesa: que ésta tenía dimensión y alcance nacionales. Pero no sólo eso: el movimiento indígena del país, expresado en el Foro Nacional de enero de 1996, abrió líneas de definición que se plasmaron en los tres documentos que fueron el producto final de la mesa.
III. LA LUCHA POR LOS DERECHOS INDÍGENAS SIGUE
Pronunciamiento:
El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesores del EZLN, de acuerdo con el punto 1.5 de las reglas de procedimiento, hacemos el siguiente pronunciamiento sobre los documentos de acuerdos mínimos de San Andrés:
Las demandas fundamentales de los pueblos indígenas no han sido satisfechas del todo en la actual fase de negociación. Por lo tanto, pese a que suscribimos los acuerdos y compromisos mínimos a que hemos podido llegar con el supremo gobierno en esta primera mesa de negociación sobre Derechos y Cultura Indígena, manifestamos que continuaremos nuestra lucha para conseguir su plena satisfacción: apelamos a una movilización más amplia de la sociedad civil en general, las organizaciones sociales y los sectores representativos del movimiento indígena.
En particular, impulsaremos las exigencias y demandas que reflejan el consenso de los pueblos indígenas expresado en el Foro Nacional Indígena, celebrado del 3 al 8 de enero de 1996 en San Cristóbal de Las Casas; en las fases 1 y 2 de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena de San Andrés Sacamch’en de los Pobres y atendiendo a los Resultados de la consulta a las bases zapatistas sobre la mesa 1 de Derechos y Cultura Indígena, del mes de febrero de 1996. Buscaremos una participación política cada vez mayor, desde abajo, que no se limite a lo electoral, que haga posible revertir la actual correlación de fuerzas.
Hay algunas omisiones que queremos resaltar.
Para la solución del grave problema agrario nacional es necesaria la reforma del artículo 27 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo debe retomar el espíritu de la lucha de Emiliano Zapata resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad.
Esta reforma deberá contener las recomendaciones elaboradas por nuestra delegación a lo largo de la segunda fase de la negociación. Deberá garantizar la integridad territorial de los pueblos indios, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat en que se encuentran asentados. La integridad de las tierras ejidales y comunales. La incorporación de las normas del convenio 169 de la OIT en la legislación agraria. El acceso a la tierra a mujeres y hombres que carezcan de ella, a través de la dotación y ampliación. El fraccionamiento de latifundios para satisfacer las necesidades agrarias y la prohibición a las sociedades mercantiles y a los bancos para que sean propietarios de tierra.
En los documentos de acuerdos y compromisos mínimos entre el EZLN y el gobierno federal no se reconocen tampoco las autonomías municipales y regionales. No basta que las comunidades indígenas se asocien en municipios y éstos lo hagan para coordinar sus acciones. Se necesitan instancias autónomas que, sin ser exclusivamente indígenas, formen parte de la estructura del Estado y rompan con el centralismo.
El reclamo de autonomía de los pueblos indígenas de México, como régimen que incluye simultáneamente los niveles de la autonomía comunal, municipal y regional, se expresó tanto en las fases 1 y 2 de la mesa de Diálogo de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, como en el Foro Nacional Indígena.
Esta autonomía debe incluir el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas y el establecimiento de gobiernos propios, para que los pueblos decidan sobre su economía, la administración de justicia y el control de su seguridad interna, definan su régimen agrario y solucionen sus conflictos en sus propios términos.
La autonomía implica también reconocer el derecho indígena, en un régimen jurídicamente pluralista, donde convivan las normas aplicables a todos los mexicanos y aquellas que se apliquen en la jurisdicción de las instancias autónomas. Es decir, hace falta redistribuir competencias en todos los órdenes, en especial en lo político.
Sin embargo, la autonomía no implica que el Estado deje de tener responsabilidad para con estas instancias, que tendrán derecho a fondos públicos de compensación y a otros que correspondan a los pueblos indígenas, a fin de ser ejercidos conforme a sus planes y estructura de gobierno. Este régimen de autonomía implica reformas constitucionales de, al menos, los siguientes artículos: 3º., 43, 73, 115 y 116.
Otra omisión grave es el problema de la justicia: es necesario transformar profundamente el sistema actual para que se garantice la vigencia de los derechos y garantías no sólo individuales, sino también colectivos, de los pueblos indígenas. Los pueblos indios deben ejercer un gobierno propio porque sólo así podrán tener plena jurisdicción sobre sus territorios y sólo así podrán impartir justicia fundada en sus sistemas jurídicos. Esto conformará un sistema de pluralismo jurídico.
La lucha contra la desigualdad ha de ser el eje de la nueva política cultural para que puedan florecer y perdurar todas las culturas nacionales en el reconocimiento de que tienen matriz propia. Esto permitirá, entre otras cosas, prevenir cualquier forma de racismo y en particular los efectos perniciosos del etnicismo.
Se debe reconocer el derecho de los pueblos indígenas a acceder a los medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión) públicos, concesionados y privados. Para ello se debe fijar un porcentaje de espacio en estos medios para uso de los pueblos indígenas y deberá corresponder a ellos decidir sobre los contenidos, uso, manejo, administración y aprovechamiento de estos espacios.
El Estado deberá garantizar a los pueblos indígenas el uso de canales para transmisión y recepción vía satélite de datos, voz e imagen, así como los medios necesarios para alcanzar este fin.
Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas (por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres), exigen la construcción de una nueva sociedad nacional con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y todos los mexicanos.
Entre los recursos públicos que les corresponden a los pueblos indígenas deberá haber una asignación especial para las mujeres, administrada y manejada por ellas. Esto les dará la capacidad económica para que por sí mismas emprendan sus proyectos productivos, garanticen el agua potable y comida suficiente para todos, protejan la salud y mejoren la vivienda.
En todas las reformas de la Constitución que se hagan deberá incluirse explícitamente a las mujeres, eliminando el sesgo discriminatorio en contra de ellas.
Exigimos que, de acuerdo con los convenios internacionales, ratificados en la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, las violaciones perpetradas en zona de conflicto sean consideradas crímenes de guerra y como tales sean castigadas.
Las mujeres exigen también una redistribución del gasto público, transfiriendo lo que ahora son erogaciones militares hacia programas de salud y educación.
Las mujeres deberán tener participación plena en todos los ámbitos de la autonomía sin que ninguna condición interna o externa las limite.
Al fin de la fase actual del diálogo, consideramos que sólo la más amplia movilización social podrá darle cuerpo a estas demandas fundamentales. Eso se logrará solamente impulsando la organización independiente, que surge como una de las tareas del Foro Nacional Indígena, que debe extenderse hacia todas las regiones del país.
Hermanos:
Un sistema político injusto y criminal, el sistema político mexicano, obligó a un grupo de ciudadanos, mayoritariamente indígenas, a empuñar las armas para hacerse oír y para llamar la atención sobre los graves problemas de los pueblos indígenas de México. La vía política para el diálogo y la solución de las principales demandas del pueblo mexicano no vendrán del supremo gobierno, sino de la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas independientes. La paz nueva, la que necesitamos los mexicanos, la que merecemos, vendrá de nosotros mismos, de nuestro empeño, de nuestra esperanza.
El Diálogo de San Andrés cumple una etapa. La lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas sigue. Su camino irá junto a otros caminos, junto a otros mexicanos que tienen las mismas banderas, las de la democracia, la libertad y la justicia, y un pensamiento, el de la liberación nacional.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las montañas del Sureste mexicano
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Por el comité de asesores del EZLN por una paz justa y digna (Rúbricas)
Durante los primeros años de gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León continuaron las negociaciones, pero éstas fueron interrumpidas por los propios zapatistas en el momento que el gobierno de México hizo una propuesta que irrespetaba los acuerdos logrados en mesas de diálogo. Tal situación originó una nueva ofensiva de índole militar que involucraba la liberación de órdenes de aprehensión en contra de líderes y el acoso de comunidades indígenas zapatistas. Las disposiciones seguidas debieron ser restablecidas de manera parcial a causa de la reacción generada en la población del país; toda vez que, la sociedad mexicana se mostró repulsiva hacia una un recurso violento, e hizo notar su apoyo al diálogo y la paz. También influyó el férreo empuje internacional que se manifestó a través de la creación de organizaciones solidarias con el movimiento zapatista en distintos países, específicamente, tomaron mayor relevancia en el continente europeo.
Ya había acontecido la denominada alternancia presidencial, y en marzo de 2001, el EZLN desplegó la histórica movilización llamada «Marcha del Color de la Tierra», dicha actividad tuvo una duración de treinta y siete días, en este lapso cientos de indígenas y mestizos se desplazaron a pie por 13 entidades federativas hasta arribar a la CDMX, aquella situación dio origen a la primera ocasión en que «El Subcomandante Marcos» y sus convocados salían de la zona del conflicto.
Al hacer presencia en la capital mexicana, fue tiempo de ejecutar el Tercer Congreso Nacional Indígena y de hacer partícipe a la comandancia del EZLN, tanto en el Congreso de la Unión como en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aquel intento fue el último realizado por los zapatistas con la meta de fijar una manera de acuerdo constitucional con el gobierno para hacer valer la soberanía y los derechos indígenas.
En este punto se muestra el documento en el cual, el Subcomandante Insurgente Marcos, establece la ruta de la entrada a la CDMX:
Ruta de la entrada a la ciudad de México.
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
7 de marzo del 2001.
Al Pueblo de México:
A los habitantes de la Ciudad de México:
A las personas procedentes de otros países:
Hermanos y hermanas:
Reciban nuestros saludos. Les escribo a nombre de la delegación zapatista que participa en la Marcha por la Dignidad Indígena, la Marcha del Color de la Tierra, para decirles por dónde vamos a entrar a la Ciudad de México el día 11 de marzo del 2001. Ésta es la ruta:
Prolongación División del Norte- Eje 2 Oriente (Canal de Miramontes, Calzada de la Salud, Escuela Militar, Calzada de la Viga)- Anillo de Circunvalación – San Pablo- Avenida José María Izazaga- 20 de Noviembre- Zócalo.
Queremos invitarlos e invitarlas para que se organicen para participar en esta marcha, sea desde la acera, sea desde la azotea, sea desde la ventana, sea desde la calle misma, sea desde el balcón, sea desde la alcantarilla, sea desde donde sea.
Somos miles los que vamos para su ciudad y esperamos que se nos unan para, juntos, lograr lo que ya es impostergable: el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas.
Nos vemos pues en la Ciudad de México.
Vale. Salud y pocos IMECAS para el día 11 de marzo.
Desde Cuautla, Morelos.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Marzo del 2001.
Actualmente predomina el rompimiento de relaciones entre «El Subcomandante Galeano» y el presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, cabe recordar que en 2005 ambos líderes se presentaban al frente de la izquierda en México, justamente una año antes de que López Obrador se postulara como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero luce sumamente distante aquel escenario, en 2018, mientras el actual mandatario federal se encontraba en campaña rumbo a los comicios presidenciales de ese año, aconteció un nuevo encare entre AMLO y el mandamás zapatista; toda vez que, María de Jesús Patricio Martínez «Marichuy», la aspirante indígena independiente no lograra recabar las firmas indispensables para concretar su candidatura; y, por tal motivo, el Consejo Nacional Indígena (CNI), fue tajante al decidir no respaldar al político tabasqueño en las elecciones del 1 de julio, donde finalmente obtuvo el triunfo con la coalición llamada «Juntos Haremos Historia». Cuando fue divulgada la victoria de López Obrador, el EZLN hizo publico un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés, en el cual, afirmaban que el gobierno venidero únicamente generaría decepción.
Las diferencias no ceden, la construcción del Tren Maya, ha hecho que el mes inmediato anterior, el EZLN denunciara que la consulta ciudadana donde se aprobó esta obra insignia del gobierno actual, que conectará diversas localidades del sureste mexicano, sólo constituyó una simulación.
Han transcurrido ya 27 años desde la aparición del EZLN, y su trayecto ha sufrido roturas, modificaciones; inclusive, reestructuraciones, se han aferrado a su proyecto, ubicando en tela de juicio, tanto al capitalismo neoliberal como a la activación por concretar una nueva democracia. Al presente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sigue exteriorizando como un una seria representación de lucha y defensa indígena, tanto en México como en otros países. Incluso, han hecho resaltar que se vive un tiempo nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación, siguen en resistencia y rebeldía: el EZLN vociferó una gira por Europa en 2021.
Fotografía de EZLN Chiapas.
