◼ Se evaluaron 57 componentes en 10 ejes: 6 de 10 muestran desempeño “muy bajo” y sólo 21 entidades reportan avances de armonización con la LGMSV
Ciudad de México, 28 de agosto de 2025 — Céntrico presentó el borrador de su evaluación de las leyes estatales de movilidad respecto a su armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), durante la séptima sesión ordinaria del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Este Sistema es el mecanismo de coordinación entre
los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y el sector privado para garantizar el derecho
humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
El ejercicio de evaluación fue elaborado por Céntrico con apoyo técnico de la Global Road Safety Partnership (GRSP) y la Global Health Advocacy Incubator (GHAI) y toma como referencia la Guía de Armonización y el Código Abierto publicados por la Coalición Movilidad Segura (CMS).
La Evaluación reveló que, a julio de 2025, sólo 21 entidades reportan avances —muchas de forma parcial—, mientras 11 siguen pendientes de formalizar reformas para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con la LGMSV, a más de 2 años de vencido el plazo establecido por la Ley General.
En desempeño por estados (en una escala 0–10), el estudio identifica a Chihuahua (9.47), Puebla (9.30) y Jalisco (8.68) con marcos legales sobresalientes, mientras que Guanajuato (8.07) y Aguascalientes (7.54) muestran leyes avanzadas con brechas puntuales por cerrar.
Por el contrario, Morelos (1.75), Chiapas y Zacatecas (2.19), Veracruz (2.72) y Baja California (2.89) son los más rezagados y requieren un paquete integral de reformas para alcanzar el estándar mínimo para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con
la LGMSV.
La Evaluación 2025 analiza la normativa vigente al 1.º de junio de 2025 y revisa, de manera sistemática, 57 componentes agrupados en 10 ejes dentro de las leyes estatales de movilidad, transporte o sus equivalentes:
1. Regulación de tránsito, 2. Participación social, 3. Mecanismos de Financiamiento, 4. Conductores seguros 5. Diseño vial seguro y accesible, 6. Derechos de las víctimas, 7. Registros de información, 8. Transporte público, 9. Gestión de la demanda y 10. Instrumentos de planeación.
Cada componente se califica con 0, 0.5, ó 1 según claridad, obligatoriedad y alineación con la LGMSV; la suma se transforma en un índice comparable.
El análisis también revela patrones: la legislación en las entidades cumple mejor en obligaciones más tradicionales de tránsito y control de la conducción (seguro obligatorio, exámenes para licencias, causales de suspensión de licencias, cinturón y casco obligatorios para usuarios de auto y motocicleta respectivamente) y en la arquitectura institucional (existencia de un sistema estatal y registro vehicular).
El rezago se concentra donde la ley debe aterrizar mandatos operativos o sensibles: límites de velocidad y alcohol claros, prioridad peatonal y ciclista traducida a diseño y control, integración con ordenamiento territorial, auditorías y manuales técnicos de diseño vial, verificación vehicular físico-mecánica y de emisiones, además de instrumentos de gestión del estacionamiento, herramientas fiscales, mandatos concretos de datos e indicadores y protocolos de protección de los derechos de las víctimas.
“Este ejercicio nos permitió visibilizar los avances y los rezagos que existen en la legislación de cada estado. Nuestro objetivo es ofrecer información clara y útil para que las autoridades locales identifiquen con precisión qué aspectos de sus leyes requieren ajustes y cómo alinearlos con la Ley General”, afirmó Alejandra Leal, codirectora de Céntrico.
Por su parte, Xavier Treviño, responsable técnico de la Evaluación señaló: “Con esta evaluación buscamos contribuir a que las discusiones legislativas se basen en evidencia y criterios objetivos. La armonización no debe entenderse como un mero trámite, sino como una oportunidad para que las entidades eleven el nivel de protección a las personas usuarias de las vías y construyan un marco legal que responda a los desafíos actuales de la movilidad y la seguridad vial en México.”
Armando Pliego, de la Coalición Movilidad Segura, añadió: “La Evaluación y el Código Abierto ponen herramientas concretas en manos de organizaciones civiles, familiares de víctimas, especialistas y autoridades. Queremos acelerar las reformas que salvan vidas y garantizar que el derecho constitucional a la movilidad sea exigible en cada entidad”.
La presentación de la Evaluación transforma un mandato legal en una medición verificable, fortalece la rendición de cuentas, genera incentivos de mejora y orienta la asistencia técnica y recursos hacia las entidades rezagadas, que permitan garantizar el derecho constitucional a la movilidad. Céntrico y la CMS anunciaron que en las próximas semanas abrirán convocatorias para presentar estos hallazgos y buscar retroalimentación con congresos locales, ejecutivos estatales y sociedad civil.
