En enero de 2024 el gobierno del Estado anunció el proyecto “Proyecto Sistema El Batán”, una infraestructura para el abastecimiento de agua potable en la capital durante los próximos 30-50 años. El planteamiento general se basa en rehabilitar y construir plantas para tratar agua residual, inyectarla a la presa del Batán, donde se mezclaría con agua de lluvia, para después potabilizarla.
Aunque en febrero del mismo año se anunciaron las primeras obras con inversión de 500 millones de pesos, la muy escasa información disponible, desde entonces y hasta hace unas semanas, no permitía a la sociedad ni el análisis ni la discusión pública sobre el proyecto, el cual tampoco fue sometido a consulta ciudadana.
Un año después, en mayo de 2025 se anunció en el periódico oficial La Sombra de Arteaga un proceso de consulta. Consistió en la habilitación de un sitio web con información promocional del proyecto, sin datos que permitieran el análisis del mismo, tales como información técnico-administrativa sobre su viabilidad, costos, financiamiento, riesgos o mecanismos de supervisión. También una encuesta digital de preguntas sesgadas que confirman que “hace falta agua”, “debe hacerse algo”, pero sin dar espacio para cuestionar o controvertir el proyecto, y un foro presencial de cupo limitado, en horario y sede poco accesibles para la población. La consulta se anunció el 14 de mayo y sus resultados se presentaron el 21 de mayo, con lo que la duración total de la misma, incluida la convocatoria y la sistematización de resultados fue de apenas 6 días. El gobernador del Estado declaró en medios haber consultado a 15, 392 habitantes en dicho proceso. No obstante, la mayor parte de los sectores a los que pertenecemos no fue parte del mismo.
El 3 de junio de 2025 el Poder Ejecutivo ingresó a la Legislatura del Estado una iniciativa para
la autorización del esquema de inversión privada para el Proyecto Sistema El Batán. El documento de 51 páginas y 54 anexos, primer documento oficial público que proporciona mayores detalles sobre el proyecto, ha detonado distintas interrogantes sobre la participación privada que se suman a otras sobre la calidad del agua, la viabilidad financiera y la vigilancia social.
Hasta ahora no se han garantizado las condiciones para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales en los términos que lo mandata el Acuerdo de Escazú, si bien reconocemos la apertura de algunos actores políticos para hacer espacio a la voz ciudadana. Por un lado, no se ha hecho accesible, esto es pública, oportuna y con lenguaje ciudadano, información que haga comprensible por qué el Proyecto Sistema El Batán sería una solución libre de riesgos y una alternativa más adecuada que otras. Por otro lado, no se ha dado el tiempo para procesar la información disponible, ni el espacio para generar una participación ciudadana efectiva.
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La situación hídrica de Querétaro es crítica. La política hídrica ha tendido a obedecer a las necesidades de la expansión urbana e industrial. Con el agua superficial contaminada, el agua subterránea sobre explotada y la actual dependencia de la cuenca del estado vecino a
través del Acueducto II, el abastecimiento para el futuro está efectivamente comprometido. No por la población que entra y sale del Estado, sino por una serie de consecuencias del manejo insostenible del agua. Es imperativo utilizar mejor el agua disponible, reutilizarla y frenar la destrucción de las zonas estratégicas de recarga.
La reutilización del agua es parte de las necesidades frente a la crisis. Sin embargo, desde los distintos sectores de la sociedad aquí congregados advertimos preguntas importantes que siguen sin respuesta sobre aspectos del proyecto que pretende destinar agua tratada al uso doméstico y que de no garantizar calidad en la misma comprometería los derechos al agua de calidad; en consecuencia a la salud de las y los queretanos.
Calidad del agua
¿Se hicieron pruebas piloto de potabilización que demuestren que el agua estará libre de disruptores endocrinos?
¿Qué margen de riesgo implica el cumplimiento de normas desactualizadas en relación a los contaminantes actuales?
¿Quién va a ser responsable de los potenciales impactos a la salud en la población?
¿Por qué se decidió que el agua residual se reutilice en uso doméstico y no en otros usos como industrial o agrícola?
Viabilidad y eficiencia
¿Qué argumentos respaldan que este proyecto es la única y la mejor posibilidad que tenemos para garantizar el agua para los habitantes?
¿Cómo se evitará que la recuperación de costos de operación distribución, facturación y cobro traslade toda la carga al usuario final, especialmente a las familias de menores ingresos?
¿Cómo se asegura una distribución justa cuando la deuda adquirida por todo el Estado, incluidos sierra y semidesierto beneficiará únicamente a la zona metropolitana, como hace el Acueducto II?
¿Dónde y cómo se pierde el 41% restante al 59% de eficiencia mencionado en el proyecto?
Participación privada
¿En qué se va a diferenciar en la práctica la Asociación Público-Privada de la concesión?
¿Qué riesgos conlleva la dependencia del abastecimiento público a la compra del agua a una empresa privada?
¿Cómo se evitará que el privado influya en las tarifas, distribución y prioridades de uso?
¿Qué transparencia y controles externos existen para impedir que los acuerdos discrecionales con los concursantes favorezcan al sector privado por encima del interés público?
Prevención y vigilancia
¿Cómo se garantizará que la presa El Batán no enfrente los mismos problemas que la presa Endhó en caso de que las plantas de tratamiento, como pasa en muchos casos, sean abandonadas por falta de financiamiento?
¿Cuánta energía de operación se requiere y de qué fuente provendrá?
¿Qué diferencias tienen los ejemplos internacionales con el contexto queretano y con el proyecto El Batán?
¿Cómo se asegurará gobernanza ambiental en la ejecución si en su diseño y aprobación no ha habido transparencia ni participación?
Aunque la información disponible aún no permite responder estas y otras interrogantes que generan duda razonable sobre el proyecto, actores de distintos sectores han señalado los riesgos vinculados a los impactos del endeudamiento a tres décadas, a la dificultad de eliminar los contaminantes emergentes en el agua, a la limitada responsabilidad del privado en el abastecimiento pese a las facilidades para garantizar su utilidad, a la dependencia del sistema en una infraestructura de distribución ineficiente, y al posible incremento tarifario en el servicio del agua.
No hay una opinión unánime entre los sectores científico y social sobre la viabilidad y riesgos del proyecto. La promoción oficial del proyecto sin reconocimiento de los riesgos, sin apertura al debate, calificando de “desinformación” o “partidismo” la preocupación y cuestionamiento social merma la confianza ciudadana en el proyecto. Por otro lado, el actual otorgamiento de grandes cantidades de agua de pozo para usuarios particulares y la promesa de garantía de agua para la operación de data centers en el Estado entra en dilema respecto a la decisión de abastecer de agua residual tratada para el uso doméstico.
Ante la necesidad no solamente de responder sino de debatir las muchas preguntas abiertas, este frente de organizaciones, agrupaciones y colectivos coincidimos en la necesidad de abrir diálogo amplio, plural, incluyente y suficiente sobre el Proyecto
Sistema El Batán.
A falta de espacios formales de deliberación y ante la urgencia de dialogar convocamos a la población interesada a participar en el Foro Ciudadano que se llevará a cabo el 10 de julio de 2025.
Reiteramos la petición a la Legislatura a convocar a un Parlamento Abierto conforme al artículo 13 de la Constitución del Estado de Querétaro y en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional suscrito y obligatorio para México. Asimismo, solicitamos al Poder Ejecutivo la realización de una Audiencia Pública con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, publicada el 14 de febrero de 2025 en La Sombra de Arteaga.
Para formalizar la solicitud de la primera Audiencia Pública en el Estado en aplicación de dicha ley, invitamos a las y los ciudadanos a respaldarla mediante su firma. De acuerdo con los lineamientos establecidos, se requiere el apoyo de al menos 200 personas, incluyendo nombre completo, firma y copia de su credencial para votar. Esta iniciativa busca abrir un canal de diálogo directo con las autoridades, fortalecer la participación democrática y garantizar que las decisiones públicas reflejen las necesidades reales de nuestras comunidades.
El proceso es muy sencillo, las personas que deseen apoyar y sumarse a la solicitud de esta primera audiencia pública estatal, solo necesitan firmar la hoja de respaldos y adjuntar una copia de su credencial de elector vigente con dirección en el estado de Querétaro. En tan solo 9 días, la
petición en Change.org ha reunido 1,254 firmas, con solo 200 de las personas que firmaron en línea firmando en físico podemos ingresar la solicitud de Audiencia.
Ante los riesgos que representa la aprobación actual del proyecto, distintos grupos organizados han emprendido acciones. Entre ellas:
El 9 de junio, la Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo una solicitud por escrito para convocar a un Parlamento Abierto, solicitud que no ha sido respondida. El 16 de junio la misma colectiva informó a todos los diputados de la LXI Legislatura sobre la falta de normatividad para garantizar que las aguas residuales potabilizadas sean aptas para consumo humano e hizo un llamado para aplicar los principios de prevención y precaución ante posibles daños a la salud. El 17 de junio presentaron demanda de amparo indirecto, el cual fue admitido por el Poder Judicial, reclamando la falta de consulta pública abierta previa y la falta de respuesta a la petición de Parlamento Abierto conforme a los estándares internacionales del Convenio de Escazú.
El 23 de junio, Vocer@s también presentó ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro una queja por violaciones al derecho humano a la salud y al derecho de niñas, niños y adolescentes a la salud conforme al principio del interés superior de la niñez. La solicitud exige una investigación sobre los riesgos del Proyecto Sistema El Batán, la emisión de medidas precautorias que frenen temporalmente cualquier acto para su eventual ejecución y una recomendación pública a las autoridades, exhortándoles a que garanticen la protección de estos derechos.
Suscriben el presente comunicado las siguientes agrupaciones, redes locales,
organizaciones y colectivos:
Awita Vida y Territorio
Café para La Paz
Centro de Derechos Humanos «Fray Jacobo Daciano» A.C.
Ciclismo Urbano
Comité de Grupos Ambientalistas de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro
Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro
CuidadaniaQro
Festival Agua Que Corre
Geografía en Viz
Colectivo Cascadas
Guerreros Guardianes
Justicia Digna
La Restauradora
Netas Ciudadanas
Nosotrxs por la Democracia
Pedaleanda
Política Colectiva
Práctica Laboratorio para la Democracia
QM21 Coalición ciudadana por la movilidad sostenible
Red Ciudadana de EcoRestauración
