Sentenciada a 31 años de prisión Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen

La directora es la primera y única condenada por la tragedia en la que murieron 19 niños y siete adultos en el terremoto de 2017 en Ciudad de México

La Justicia de Ciudad de México ha condenado este miércoles a 31 años de prisión a Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, que colapsó el 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México.

Ese día las instalaciones de la escuela privada, que García Villegas había ampliado ilegalmente, se derrumbaron durante el sismo de 7,1 grados que sacudió la capital y 19 niños y siete adultos fallecieron.

El tribunal ha determinado que la propietaria del inmueble deberá cumplir 27 años de cárcel por homicidio y cuatro más por el delito de director responsable de obra.

La Fiscalía había solicitado una pena de 57 años de prisión por homicidio culposo para la dueña del colegio, que ha defendido su inocencia hasta el último momento.

La propietaria del Rébsamen es la primera y única condenada hasta ahora por la tragedia.

El pasado 18 de septiembre tres jueces consideraron que la dueña del colegio había ampliado y construido ilegalmente un piso de más de 230 toneladas en la alcaldía de Tlalpan, al sur la capital, y votaron por unanimidad condenar a García Villegas.

Quedaba pendiente conocer el fallo sobre la pena definitiva, que se ha comunicado este miércoles a los familiares de las víctimas y a la condenada, y que el próximo miércoles se emitirá de forma escrita.

Además de los 31 años de cárcel, los magistrados han fallado que la propietaria del inmueble pague 400.200 pesos (unos 18.700 dólares) por cada una de las víctimas, afirma Noé Franco, representante de cuatro de las familias afectadas.

De acuerdo con Franco, los familiares que él representa quedaron con «un sabor agridulce» tras conocer la pena impuesta este miércoles a García Villegas y prevén apelar porque «quieren dignificar la memoria de sus hijos y creen que todavía hay más por hacer».

«Establecer un año de prisión por cada uno les parece insuficiente. Los familiares querían que no volviera a pasar y la forma era poner penas ejemplares», ha indicado a este periódico el letrado.

Alejandro Jurado, padre de una niña de siete años fallecida en el derrumbe, opina en cambio que los «resultados han sido buenos»: «No puedo decir que recibimos el fallo con felicidad o contentos, pero sí que es el primer paso de varios que nos faltan.

Faltan todavía los servidores públicos que no han sido sancionados».

Abogados de las víctimas ya habían expresado en una entrevista en septiembre a este periódico que la sentencia condenatoria era «un avance importante» después de tres años de litigio pero que «falta que se sancione a mucha más gente».

«[García Villegas] No tenía los papeles en regla. ¿Cómo lo logró? Con dádivas. Y esto se hace con corrupción», ha señalado este miércoles ante las cámaras uno de los letrados que representa a las familias.

Además de Villegas, hay otros dos detenidos por el caso Rébsamen, dos directores de obra que avalaron la construcción, ingenieros encargados de firmar un certificado ante el Gobierno.

Pero ningún funcionario de la Administración de entonces ha sido procesado -la jefa de la delegación de Tlalpan en 2017 era Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de la capital-.

Las dudas sobre la construcción de la escuela empezaron a aparecer inmediatamente después de la tragedia, cuando estudiantes y profesores que sobrevivieron al colapso señalaron que la dueña del colegio Rébsamen tenía su vivienda en la parte más alta del edificio.

Tras las acusaciones, García Villegas escapó y la Interpol abrió una ficha para su captura en más de 190 países. En abril de 2019, el Gobierno de Sheinbaum, que ya era jefa de Gobierno de la ciudad, ofreció una recompensa de cinco millones de pesos y un mes después la dueña del colegio fue detenida.

Durante la audiencia de este miércoles, García Villegas ha insistido una vez más en su inocencia, según ha declarado su abogado a los medios: «Ella dijo: yo no tengo que pedirle perdón a ustedes de eso.

Perdón no porque soy inocente. Y si les incomoda, bueno, pues la maestra tiene un derecho a defenderse». El letrado también ha comunicado que planean apelar la decisión de los magistrados.

«Con buenos argumentos vamos a salir de esto», ha asegurado a las cámaras.

 

MS.