SCJN anuló criminalización de la mujeres al interrumpir el embarazo, propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales.

Gobierno
  • «Hoy se destierra la amenaza de prisión que pesaba sobre las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo»: Luis María Aguilar Morales.

“A la luz de la Constitución, que no prohíbe el aborto, ¿Puede el Estado castigarlo? Al castigarlo sanciona una conducta enraizada en una serie de derechos que posee la mujer y las personas con capacidad de gestar; y, que participan de la decisión de abortar, como el derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva. Es decir, sancionar la interrupción voluntaria del embarazo implica un límite a todos estos derechos humanos… Se criminaliza a la persona gestante, sin encontrarse definido constitucionalmente si la vida se tutela invariablemente desde la concepción; y, cuál es el tratamiento del embrión en el mundo jurídico», señaló la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, razón por la cual, votó a favor de la propuesta realizada por el magistrado Luis María Aguilar Morales.

Cabe recordar que hoy, correspondía a 3 de los 11 ministros externar sus pronunciamientos acerca de la propuesta efectuada por el ministro mencionado con antelación, sobre declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece hasta 3 años de prisión a quienes abortan de manera voluntaria.

Aunque el ministro; Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvo ausente por “causas de fuerza mayor”, según hizo saber el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Ocho ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) se pronunciaron este lunes por anular la criminalización del aborto en Coahuila, fijada todavía para casos de violación. El análisis del tema dio continuidad hoy, con el pronunciamiento de tres ministros más.

La resolución dictada por las y los ministros tiene como efecto la supresión del artículo 196 que dispone hasta un trienio de cárcel a las mujeres que se llevan a la práctica abortos de manera intencional.

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