Las organizaciones y colectivas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por las recientes detenciones a las mujeres aprehendidas por su participación en la manifestación del 8M, en marzo de 2021.
Tenemos conocimiento que las órdenes de aprehensión son del 6 de abril del presente año, contra mujeres jóvenes que participaron en la marcha del 8M y apenas se están ejecutando, justamente posterior al proceso electoral. Cabe
destacar que en algunos casos las mujeres aprendidas fueron sacadas de sus hogares bajo engaños para luego ser arrestadas, lo cual es totalmente inconstitucional e inconvencional, ya que de acuerdo con la Constitución y los
tratados internacionales en derechos humanos, es obligación de las autoridades informar a la persona que está siendo capturada el motivo por el que se le está aprehendiendo y sus derechos. Asimismo las mujeres que fueron aprehendidas no forman parte de alguna agrupación o colectiva específica, lo que las deja en un estado mayor de vulnerabilidad.
La información de la Fiscalía no es transparente ni precisa en cuanto al número de mujeres imputadas y los delitos por los que se les acusa, lo cual genera una violación a la seguridad jurídica de la ciudadanía Considerando la anterior información, observamos que estas acciones se enmarcan en una persecución ideológica y política, que tiene como fin la criminalización de la protesta y la estigmatización del movimiento feminista y sus múltiples manifestaciones por lo que exigimos a las autoridades ministeriales y judiciales que todo proceso se haga dentro de los marcos de la legalidad, transparencia y con estricto apego a los derechos humanos. En este mismo sentido, teniendo en cuenta la relevancia de esta situación, instamos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro para que de forma oficiosa investigue estos hechos y realice una recomendación. Estaremos al pendiente de todas las acciones llevadas a cabo por las autoridades e instituciones competentes.
Condenamos la criminalización y estigmatización de la protesta, recordando que esta última es solamente una de las múltiples manifestaciones del feminismo, y que estas exigencias se dan en un contexto donde las mujeres víctimas de violencia de género no son atendidas adecuadamente por las mismas instituciones que hoy hacen estas acusaciones de daños a instalaciones públicas, y que además son las encargadas de proteger sus derechos humanos. En lo que va del año, han ocurrido al menos 5 feminicidios en Querétaro, de acuerdo con los casos que son reportados
de manera oficial a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con la organización T’ek’ei, en tres de cada diez casos de feminicidio en el estado, las mujeres víctimas son reportadas primero como desaparecidas.
Genera una preocupación a la ciudadanía y a la sociedad civil, que frente a los reclamos legítimos que realizaron más de 2 mil mujeres el pasado 8 de marzo, por los crecientes aumentos de casos de violencia en contra de niñas y mujeres en el Estado de Querétaro que quedan en la impunidad, la respuesta del gobierno municipal y estatal sea el de perseguir judicialmente a jóvenes manifestantes y no el crear mesas de diálogo con la ciudadanía o emprender nuevas acciones que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres y niñas dentro del estado.
Con este accionar queda claro que al gobierno municipal y estatal, así como a la Fiscalía General del Estado le preocupan más unas piedras que la vida de las mujeres en la entidad, ya que la justicia si existe para las piedras rayadas o los vidrios rotos, pero no para las mujeres que diariamente son asesinadas, golpeadas, desaparecidas y víctimas de diversas formas de violencia.
Nos parece increíble que en los presentes casos la labor de la Fiscalía haya sido expedita para identificar a las manifestantes e imputarles supuestos delitos, ya que su labor ha sido tardía para identificar a feminicidas, que incluso han estado plenamente relacionados con muertes de mujeres y a quienes les ha dejado libres
y sin cargos por meses, como en el caso de Marlene Fernanda Hernández Moreno, víctima de feminicidio a manos de su ex pareja en 2019. O como en el caso de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, en donde el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién no escuchó su súplica y ella terminó asesinada por su pareja en 2019. Lo anterior demuestra que la eficacia y el tiempo que duran las labores de la fiscalía no depende de la supuesta dificultad que tienen los casos o la falta de pruebas, sino de una falta de voluntad por parte de las autoridades que se dedican
a judicializar solo los casos que son de su interés.
Hoy las mujeres y niñas en el Estado de Querétaro no cuentan con ningún recurso para exigir que se protejan sus vidas, no pueden acudir a ninguna instancia gubernamental porque son re victimizadas y cuando deciden salir a las calles a alzar su voz para expresar su inconformidad, son perseguidas a través de procesos judiciales que buscan castigarlas.
Exigimos a las autoridades que respeten los derechos humanos y el debido proceso. Que se erradiquen estas prácticas violentas e intimidatorias, como son la tortura psicológica, la persecución política, la vulneración a la libre manifestación y el amedrentamiento a las mujeres víctimas de esta detención y sus familiares, todas estas características de un terrorismo de Estado.
Finalmente, queremos enfatizar que el movimiento feminista está latente y vivo, buscando justicia, no sólo en Querétaro, en todo el país y el mundo, y continuará con su labor para defender la vida de las mujeres. La represión, la criminalización y persecución, presentes en el contexto nacional y local, no callarán nuestras voces
exigiendo justicia y señalando al Estado todas sus omisiones y deficiencias.
