Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado constitucional la solicitud de consulta popular del presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, con el fin de enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El proyecto fue abordado en la sala del pleno, pese a que el día 24 del mes en curso el ministro Luis María Aguilar había hecho notar que tal solicitud no era otra cosa más que «un concierto de inconstitucionalidades». Los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal de la nación ahora deberán replantear la pregunta presentada por el jefe del Ejecutivo: «¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante; y, después de sus respectivas gestiones?».
A favor del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar votaron: Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel y Ana Margarita Ríos-Farjat.
En contra del proyecto votaron: Otilio Javier Laynez, José Fernando Franco González, Jorge Mario Pardo, Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández. En el proyecto revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020 detalla que la Corte consideró improcedente el ejercicio, toda vez que conlleva en sí, una restricción de los derechos humanos y una afectación a las garantías. El ministro Luis María Aguilar manifestó que «si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular. La suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos». Al respecto; López Obrador, se mostró tajante al afirmar que la consulta no viola ninguna garantía ni los derechos humanos de los implicados porque no hay juicios sumarios ni procesos extra judiciales.
