Los obispos de México se pronunciaron sobre la propuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) de establecer un “campamento humanitario” para los migrantes en el sur del país.

En una nota aclaratoria publicada este 2 de septiembre, la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que “la propuesta de un ‘campamento humanitario’ es una iniciativa generada por el propio Instituto Nacional de Migración”, sobre la que no existe “algún acuerdo o aceptación”.

“A la DEPMH le preocupan las condiciones en las cuales se encuentran las personas migrantes en Tapachula: hacinamiento, inseguridad o falta de trabajo, lo que puede llevar a cometer violaciones a los derechos humanos de estas personas”, indicó.

Tapachula, en el estado de Chiapas, es la ciudad mexicana en la frontera con Guatemala por donde suele ingresar la mayoría de los migrantes centroamericanos y haitianos.

La nota de los obispos mexicanos responde a un boletín difundido el 1 de septiembre por el INM, entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación de México.

En ese boletín, el Instituto Nacional de Migraciones anunció que “se ha iniciado el proceso de comunicación y acuerdos con Acnur-México y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM” para “instalar campamento humanitario a favor de personas migrantes haitianas en Chiapas”.

Acnur es el acrónimo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El constante flujo de migrantes que intentan ingresar a México por la frontera sur ha causado conflictos en las últimas semanas.

El 28 de agosto, agentes del INM y de la Guardia Nacional reprimieron violentamente a cientos de migrantes haitianos y centroamericanos que intentan cruzar México.

Dos agentes del INM fueron suspendidos a causa de su “actuación indebida” contra los migrantes.

La Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana reiteró en su comunicado “nuestra disponibilidad al diálogo con el Gobierno de México en beneficio de las personas migrantes”.

“Insistimos que se deben implementar alternativas para regularizar la estancia de las personas migrantes, como lo puede ser un programa de regularización migratoria, así como respetar el derecho al libre tránsito contenido (en) el artículo 11 de nuestra Carta Magna”, concluyó.