“No hay aborto seguro”, afirmó la ginecóloga obstetra, María Lourdes González Bernardi, ante el trágico deceso de una adolescente que se practicó un aborto legal en Uruguay.

El 22 de enero la “Red de acompañamiento feminista en aborto, Las Lilas” informó públicamente la muerte de una adolescente de 14 años de edad que se practicó un aborto en la salud pública en diciembre de 2020.

El comunicado relata que la adolescente falleció por septicemia en un hospital público del departamento de Treinta y Tres, “luego de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley, a la semana de abortar, ingresó a la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas”, detalló el comunicado.

Además, la familia habría notificado la muerte al Comité de Muerte Materna y luego hizo la denuncia al sistema judicial.

Al respecto la ginecóloga obstetra, María Lourdes González, expresó que “no hay aborto seguro como tantas veces defienden los grupos proaborto, porque darle a la mujer-madre el fármaco abortivo para que se deshaga de la criatura en su casa conlleva muchos riesgos”.

“Se confía en el buen criterio de las personas que sepan identificar cuadros de riesgo, como en este caso. Y luego en el caso que concurran a consultar no miden la gravedad de la situación. Es decir, la tan mentada ‘Ruta IVE’ como la llaman en Uruguay, no obliga a la consulta postaborto”.

El embarazo adolescente “es un fracaso de la familia y de la sociedad y un drama si termina en un aborto y una tragedia si muere la madre”, afirmó González.

En conversación con ACI Prensa, la también magíster en Bioética, comentó que desconoce detalles del caso, pero que posiblemente hubo un “aborto incompleto” donde había que practicar un legrado, de lo contrario, termina en una infección generalizada o septicemia.

González manifestó que “hay consenso” en que los “embarazos de adolescentes menores de 15 años» “no deberían de existir”.

En ese sentido, cabe cuestionarse: “¿qué falló? ¿la crianza familiar? ¿la educación recibida en el sistema educativo?” “las adolescentes “¿deberían mantener relaciones sexuales?”.

“Las exponemos a riesgos al colocarles implantes subdérmicos, dispositivos hormonales de alta dosis”, “las exponemos a diversos riesgos y sobre todo a terminar en un aborto provocado, en su mayoría con desenlace no mortal, pero con un padecimiento, por la ingesta del fármaco, contracciones, dolor, que con seguridad serán de gran impacto emocional”, aseguró González.

“¿No podremos evitar que los adolescentes comiencen la vida sexual activa tan pronto?” y “otro punto no menor, ¿dónde está el padre de la criatura abortada? Con frecuencia son hombres cinco o más años mayores”, denunció.

La doctora González aseguró que Las Lilas intentan “eliminar desde el comienzo” de la ley, la objeción de conciencia del equipo de salud.

Además, aseguró que los equipos disponibles para los abortos “no siguen a la paciente luego de entregarle el misoprostol” y que en los departamentos hay una “enorme mayoría” de ginecólogos que son objetores de conciencia.

De otro lado, explicó que los grupos piden al gobierno “que asegure una atención oportuna a las mujeres que quieren abortar” en medio de una compleja situación sanitaria debido a la pandemia.

Ley de aborto en gobierno provida

La ley del aborto se aprobó en Uruguay en 2012 y establece que la mujer puede solicitar esta práctica hasta la semana 12 de gestación, exponiendo la causa social, económica o de otra índole que la lleva a pedir el aborto.

Además, se practicará al aborto cuando haya riesgo de vida de la madre, por malformación del feto “incompatible con la vida extrauterina” y por violación hasta las 14 semanas de gestación, previa denuncia judicial.

Si la mujer es menor de 18 años debe contar con el consentimiento de los tutores y de lo contrario la menor puede concurrir a un juez de familia.

La ley precisa que un equipo de, al menos, un ginecólogo, un especialista en salud mental y otro del área social deben informar a la mujer “las características” del aborto y los “riesgos inherentes a la práctica”, además de “las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico”, así como la posibilidad de adopción.

El equipo deberá además “contribuir a superar las causas que puedan inducirla” al aborto y “garantizar que disponga de la información para la toma de decisión consciente y responsable”.

A partir de la reunión con los especialistas, la mujer tendrá un periodo de reflexión de cinco días para ratificar o desistir del aborto en el sistema de salud.

Sin embargo, la gineco-obstetra, explicó que “al considerar que abortar al hijo es un derecho”, el equipo “está convencido que la mujer está segura de lo que dice. Es más, si le ofreces a la mujer opciones para que continúe con la gestación, te pueden denunciar por coacción”, denunció.

Estos grupos “no creen en las secuelas posaborto. Es más, los abortistas dicen que las mujeres sienten alivio luego que ‘solucionan’ el asunto”.

González precisó que entre 2013 y 2018 el aborto creció en un 44,7%. “Creció durante cinco años seguidos, de 7.171 abortos en 2013 a 10.373 en 2018. Recién en 2019 disminuyó muy levemente”, precisó la gineco-obstetra.

Asimismo, aseguró que la ley no ha reducido la mortalidad materna en Uruguay porque ya venía descendiendo, y tampoco la clandestinidad porque las mujeres siguen accediendo al misoprostol en el mercado negro.

De otro lado, alertó que no existen registros por aborto tardío. En su mayoría “son fuera del sistema” porque la mujer con más de 12 semanas de gestación que aborta “toma el misoprostol y comienza con síntomas, va a la guardia y dice que es espontáneo y listo. No hay forma de dosificar el misoprostol en sangre, de todos modos nadie lo pediría”.

En mayo de 2020, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que si bien hay una ley vigente, el país “tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer”.

“Hay que tener una política de desestímulo de los abortos” porque en la Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados “entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos”, afirmó.