Institutos y organizaciones de la Sociedad Civil en favor de las personas con discapacidad, llamaron al Gobierno Federal a reforzar sus acciones en favor de este sector de la población
Institutos y organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en favor de las personas con discapacidad hicieron un llamado al Gobierno Federal y en general, al Estado mexicano a reforzar sus acciones en favor de este sector de la población generando políticas públicas con perspectiva de discapacidad, que promuevan su autonomía e independencia plena.
María del Carmen Mazarraza Corona, directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad expresó su preocupación de que a tres años de la actual administración federal no existan avances en la materia, con un Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) sin titular, con solo nueve institutos estatales y falta de mecanismos de consulta para personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas, así como una política meramente asistencialista que limita el goce pleno de los derechos humanos.
“No hay un programa nacional de atención a las personas con discapacidad. En el Plan Nacional de Desarrollo solo existe la parte den las pensiones que es regresarnos a lo asistencial”
En conferencia de prensa, Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX), recordó que en el pasado Foro Nacional “Generando Políticas Públicas Transversales, Incluyentes y Progresivas para las Personas con Discapacidad en México”, llevado a cabo el 10 y 11 de junio en Guanajuato, se analizó el avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas.
En este se concluyó que es necesario y urgente que el Gobierno dialogue con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, para construir colaborativamente un México más incluyente.
Estas conclusiones serán entregadas al Gobierno de México.
“Que este foro nacional no se quede como una buena práctica de una sola vez, la intención es poderlo replicar año con año con los institutos que estén y que sigan existiendo, pero por sobretodo desde este movimiento de sociedad civil, y tenemos el gusto de anunciar que el último día del foro se dio a conocer que la próxima sede será en Yucatán donde nos recibirá el Instituto para las Personas con Discapacidad”, expresó.
Por su parte, Taide Buenfil, persona con discapacidad e integrante de la Confederación Mexicana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, reconoció la problemática que siguen enfrentando en el acceso a la justicia con igualdad.
“Se destaca la necesidad de que las personas encargadas de la procuración de justicia, lo que son ministerios públicos, jueces, juezas, abogadas, abogados, así como funcionarios públicos en general, reciban capacitación respecto a los derechos humanos de este sector para favorecer la inclusión de la perspectiva de discapacidad al momento de procurar justicia”, dijo.
José Grimaldo, titular del Instituto Guanajuatense para la Personas con Discapacidad confió en que, a partir de la siguiente legislatura federal, los diputados promuevan un nuevo marco jurídico que fortalezca las políticas públicas en favor de esta población.
“Lo que sigue es aprovechar que con los diputados y diputadas en condición de discapacidad que van a formar parte de la siguiente legislatura sean los portavoces de las carencias que hoy vimos y hoy presentamos.
No es que nada más entreguemos el documento sino en exigir desde la trinchera que estemos”
Los integrantes de esta COAMEX identificaron como omisiones urgentes a resolver por parte del Estado mexicano el incumplimiento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al no haber publicado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Aunado a la inoperatividad del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La falta de un mecanismo que permita a las personas con discapacidad, en específico a mujeres, niñas y las personas indígenas con discapacidad, y las organizaciones que las representan hacer oír su voz en las políticas y leyes que les afectan.
Así como atender la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se invalidó 10 artículos de la Reforma Educativa promovida por la actual Administración, así como la publicación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024 el cual no fue consultado con las personas con discapacidad ni las organizaciones que le representan.
De acuerdo con el último censo poblacional 2020, en México hay casi 21 millones de personas con alguna condición de discapacidad, lo cual representa el 16.5 por ciento de la población.
