La Comisión estimó procedente emitir la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva por considerar que, bajo la apariencia del buen derecho, existe una campaña o estrategia propagandística auspiciada, contratada o patrocinada por un grupo de diputadas y diputados de Morena relacionada con la difusión de la Consulta Popular, contraviniendo con ello, el marco constitucional y legal, toda vez que es el INE como autoridad del Estado quien tiene la facultad exclusiva para difundir información relacionada con ese ejercicio ciudadano.

La autoridad también advirtió que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones objeto de denuncia puede provocar confusión y desinformación en la ciudadanía, en detrimento de las garantías constitucionales y convencionales que deben observarse en dicho ejercicio de democracia directa, particularmente el del voto u opinión libre e informada, pues el planteamiento que se contiene en las inserciones denunciadas se aparta de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que será motivo de la Consulta Popular.

Sobre el posible uso de recursos públicos en las inserciones de prensa señaladas, se trata de un asunto de fondo sobre el que deberá pronunciarse la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las consejeras y el consejero integrantes de la Comisión de Quejas subrayaron que el Poder Legislativo y los grupos parlamentarios tienen atribuciones claras sobre las consultas populares, en las que no se incluye la difusión, menos aún si ésta se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos.

Por tanto, se ordenó al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de la Unión; a sus grupos parlamentarios en cualquier Congreso estatal, así como al periódico La Jornada, se abstengan de contratar y difundir cualquier tipo de inserción sobre la Consulta Popular a celebrarse el próximo 1° de agosto del año en curso.

El asunto se aprobó por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.