Fuente: Coalición Movilidad Segura
Fotografía de archivo
Ante las declaraciones del diputado local Enrique Correa Sada, quien recientemente afirmó que el Congreso del Estado no está obligado a armonizar su legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, desde la Coalición Movilidad Segura consideramos urgente hacer las siguientes precisiones:
1. La armonización legislativa no significa «copiar» una ley federal, sino adecuar la normativa estatal a una Ley General que ya distribuyó competencias y principios para los tres niveles de gobierno. Es una obligación legal, no una elección política.
2. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no es una ley federal más. Es una ley general, es decir, una norma jurídica que establece principios y competencias obligatorias para todos los estados del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la supremacía constitucional, y en ese orden, las leyes generales tienen rango superior a las leyes estatales.
3. La Ley General fue publicada el 17 de mayo de 2022 y estableció un plazo de 180 días para que los estados armonizaran su legislación. En el caso de Querétaro, ese plazo venció en noviembre de 2022. Hasta la fecha, el Congreso sigue sin cumplir, por lo que está en omisión desde hace más de 1,000 días.
4. La falta de una ley local alineada a la ley general dificulta que los municipios y dependencias estatales apliquen políticas públicas claras y vinculantes. Esa omisión deja en la indefensión jurídica a la ciudadanía y retrasa la implementación efectiva de medidas de seguridad vial y movilidad sostenible.
5. Desde la comunidad a favor de la seguridad vial hemos interpuesto un amparo por omisión legislativa para exigir que el Congreso del Estado cumpla con su deber constitucional. La intención no es polemizar, sino garantizar que se legisle conforme al interés público, los derechos humanos y el marco constitucional vigente.
Nos preocupa profundamente que un legislador afirme públicamente que no existe obligación alguna de armonizar una ley general, cuando eso contradice tanto la letra como el espíritu de la Constitución. Esta postura no sólo desinforma a la ciudadanía, sino que obstaculiza el avance hacia una movilidad más segura, equitativa y sustentable.
Las leyes generales no se ignoran. Se cumplen.
La movilidad segura no se pospone. Se garantiza.
