- Se pide a las Instituciones de Educación Superior comprometerse ante el Conahcyt a no cobrar colegiaturas o conceptos equivalentes para la entrega de becas en posgrado.
Durante su participación en el noticiario Presencia Universitaria, la Rectora también comentó que se impartirá una plática informativa a las y los alumnos de estos niveles con la finalidad de que conozcan estas disposiciones y contemplen la figura del amparo en lo individual o colectivo.
Detalló que entre los nuevos criterios está el requisito sobre el compromiso que deben tener las Instituciones de Educación Superior ante el Conahcyt de no cobrar colegiaturas o conceptos equivalentes; en el caso de la UAQ, afirmó la Rectora, se cobran cuotas de inscripción y por créditos.
“Para todas las universidades del país está cambiando el esquema de programas elegibles y no elegibles; la elegibilidad tiene que ver con que la institución se comprometa al no cobro de cuotas. Las instituciones no tenemos el recurso para otorgar esas becas y nos dicen que busquemos la forma de hacerlo pues pareciera ser que estamos negados al tema de la gratuidad. La UAQ como institución pública pide cuotas mínimas con respecto a los estudios que se ofrecen, con lo cual le damos operatividad a los programas y pagamos parte de la nómina”, destacó.
Recordó que los subsidios con los que operan las Universidades, como el recurso federal, han ido disminuyendo y cada vez más debajo del índice inflacionario; aunado a que los fondos concursables han desaparecido.
Indicó que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley General de Educación, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al estado; en su artículo 119 dice que las autoridades, federales, estatales y municipales concurrirán al financiamiento de la educación pública y que este no podrá ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en general y no menos del uno por ciento del PIB para educación superior, ciencia y tecnología; mientras que la Ley General de Educación Superior, en su artículo 66 señala que la gratuidad no afectará en ningún momento las finanzas de las Instituciones Públicas de Educación Superior y que, aquellas a las que la ley otorgue autonomía, propondrán mecanismos para la transición progresiva hacia la gratuidad sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines o las finanzas institucionales.
“Estoy de acuerdo con que la educación debe ser gratuita al 100 por ciento, pero para que esto suceda las universidades necesitan recibir el recurso suficiente. Estos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado están obligando a las instituciones a hacerse cargo de la gratuidad, es decir, que vaya por su cuenta y que no se cumpla una obligación de parte del estado, va en contra de las leyes y en ese sentido es que nosotros estamos buscando la forma de revertir estas decisiones”, comentó.
La académica señaló que estos criterios de clasificación son poco claros y no fueron consensuados con el sector educativo; son políticas basadas en el cobro de cuotas y no en la orientación educativa ni en indicadores de calidad; imposibilitan su cumplimiento por la aplicación inmediata; hay inobservancia de la Ley General de Educación y General de Educación Superior con respecto a la gratuidad; y no hay compromiso de garantizar el recurso para la operación de los posgrados en las Instituciones Públicas de Educación Superior ni para investigación.
“Por estos lineamientos es que estamos en la Universidad formulando un amparo institucional, lo estamos revisando y valorando con el Colegio de Directores y la comunidad. Mañana a las 10:00 horas daremos una charla a las y los estudiantes para que también valoren el interponer un amparo individual o colectivo. Como Universidad no estamos en contra de la gratuidad, nos parece que tiene que ser algo necesario para las instituciones públicas, pero dependemos del subsidio federal y estatal, por lo tanto, si no se pueden generar recurso para la operación de los programas, estos van a colapsar”, señaló.
