El análisis de los 16 restos humanos enviados a la Universidad de Innsbruck podría confirmar que los investigadores del Gobierno de Enrique Peña Nieto ocultaron pruebas clave en el caso Ayotzinapa.
Restos que fueron hallados en diciembre de 2014 en el marco de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en septiembre de ese año y que no fueron analizados en su momento, llegaron el jueves a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que se realicen los estudios de ADN pertinentes y ver si corresponden o no a los jóvenes cuyo paradero todavía se desconoce.
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, informó del envío y Francisco Cox, miembro del equipo de expertos independientes que colabora en el caso, confirmó a The Associated Press que parte de esos restos son los que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) había guardado en sus almacenes sin analizar.
La PGR fue sustituida en 2018 por la actual Fiscalía General de la República, que sigue revisando el caso.
La importancia de estudiar estos fragmentos óseos radica en que podrían confirmar que los investigadores de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ocultaron pruebas clave para que no se descubriera lo que realmente ocurrió ese día.
El 26 de septiembre de 2014 policías locales de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
El Gobierno anterior aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Sin embargo, esta versión, calificada entonces como «la verdad histórica», quedó descartada entre otras cosas porque la actual fiscalía confirmó que la prueba de cargo de la misma -el hallazgo de un hueso de uno de los estudiantes en el río- fue «un montaje», en palabras del actual fiscal del caso, Omar Gómez Trejo.
Además en julio de 2020 se identificó el resto de otro alumno hallado en un lugar distinto del basurero de Cocula y llamado «La Carnicería».
El septiembre del año pasado, Gómez Trejo dijo que «nadie había estudiado a fondo» unos huesos hallados solo tres meses después de la desaparición de los estudiantes y que «guardaban el sueño del olvido en una bodega de la ex PGR».
«En una resolución ministerial se dijo que no guardaban concordancia con los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes sin que se hubiesen realizado pruebas de ADN», agregó.
Dichos restos fueron hallados también en La Carnicería, el lugar de donde salió el hueso identificado el año pasado.
«Si llegan a dar positivo significa que por sostener una mentira (funcionarios del Gobierno pasado) estuvieron dispuesto a todo», afirmó Cox. «Eso es lo insólito».
Los resultados de la confronta de ADN pueden tardar varios meses.
Desde que llegó al poder Andrés López Obrador en diciembre de 2018 se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron una treintena de nuevas búsquedas y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos.
Quizás uno de los avances más simbólicos fue que el año pasado se ordenara la captura de presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares, dos cuerpos que hasta entonces habían sido intocables.
Hasta ahora hay 82 personas detenidas, dijo Encinas el jueves, pero más de una decena siguen prófugas. A finales de 2020 fue detenido un agente federal y el primer militar y más recientemente fueron arrestados otro federal, un nuevo policía local y un miembro del cártel que operaba en la zona, personas que podrían dar información importante sobre el caso, agregó el subsecretario.
MS.
