Fuente: Coalición Nacional por la Movilidad Segura
Fotografía de archivo
La reciente intención del gobierno municipal de Querétaro de impulsar una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado e incluir el delito de “homicidio vial”, en casos donde una persona conduzca bajo los efectos del alcohol y cause la muerte de otra, abre un debate urgente
sobre seguridad vial y justicia para las víctimas.
En otras partes del mundo como Francia, Argentina o Estados Unidos esta figura penal ya ha sido
incluida en las leyes con distintos alcances, especialmente para quienes conducen bajo efectos de
alcohol, drogas o en carreras ilegales, en exceso de velocidad y en uso de dispositivos móviles cómo distractores.
Estas reformas han contribuido a visibilizar la gravedad de estos hechos y, en algunos casos, han disuadido conductas de alto riesgo. Sin embargo, el endurecimiento penal por sí solo no garantiza la reducción de muertes viales, si no va acompañado de políticas públicas de prevención, control y educación vial.
Por ello, en el contexto de Querétaro, conviene abrir algunas preguntas clave:
1. ¿Cómo se garantizará que esta figura se armonice con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con el sistema federal de justicia?
La creación de delitos estatales sin coordinación puede dificultar las investigaciones y sentencias, especialmente en siniestros con múltiples jurisdicciones.
2. ¿Se clasificará como delito grave, y qué penas se proponen? ¿Existe evidencia de que eso mejora la seguridad vial?
La discusión debe evitar caer en el populismo punitivo sin resultados reales en la prevención de muertes viales.
3. ¿Qué mecanismos de prevención, educación vial, alcoholimetría y atención a víctimas acompañarán esta medida?
Tipificar no es suficiente si no se actúa de manera estructural sobre las causas de los siniestros
4. ¿Se tomarán en cuenta las recomendaciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que prioriza la prevención y el enfoque de sistema seguro? La reforma debe ser parte de una política integral, no un hecho aislado.
La discusión sobre el “homicidio vial” es necesaria, pero no debe reducirse a una medida reactiva
o simbólica. Se requiere una reforma técnicamente sólida, jurídicamente viable y socialmente útil, que se acompañe de acciones preventivas, justicia efectiva y voluntad institucional para frenar la violencia vial.
