Cuidar es trabajo, no reconocido, gratuito, impuesto como una obligación para las mujeres. En este trabajo no existen prestaciones, pensión, vacaciones, derechos laborales, ni protección social, es un trabajo de 24 horas los 365 días del año.
Descentralizar los cuidados del ámbito privado es un imperativo ético, de justicia social, coloca el tema como un asunto de interés público para la formulación de políticas públicas que involucren la corresponsabilidad de diversos actores en la provisión de estos trabajos, siendo el Estado garante de nuestros derechos al cuidado digno y al tiempo propio.
México es un país con tendencia a una población envejecida, ¿Qué va a suceder con las mujeres en edad mayor? ¿Cómo pagarán cuidados si no gozan de pensión? Asistimos una feminización de la población adulta mayor, únicamente las mujeres que se encuentran en el mercado formal de trabajo gozarán de una pensión. Pero en este país, el grueso de las mujeres trabajan en la informalidad, el sector terciario o son cuidadoras sin remuneración. Es urgente adoptar una perspectiva feminista de los cuidados, de la vejez, la seguridad social y el sistema de pensiones.
De acuerdo con la encuesta para la medición del impacto covid-19 del INEGI, en México 12 millones de personas quedaron sin trabajo en abril 2020. 7 de cada 10 empleos que se perdieron pertenecían a mujeres. CEPAL indica que la pérdida de empleo de las mujeres en el contexto de la pandemia se debe a la demanda de cuidados en sus hogares.
Esta crisis de los cuidados requiere de recursos públicos para ser cubiertos. De acuerdo con el estudio Trabajo y Justicia Social “24/7, de la reflexión a la acción por un México que cuida”,
aproximadamente 42 millones de personas requieren cuidados intensos debido a sus etapas de vida como la primera infancia, por alguna enfermedad o discapacidad.
En este país, hay 26 millones de mujeres sin ingreso propio. 62% trabajan sin seguridad social y 72% sin ingreso suficiente para lo más básico. Carecer de ingreso o tener un trabajo precario, son las principales fuentes de vulnerabilidad frente a la violencia de género. 17 millones de mujeres no pueden trabajar remuneradamente por asumir un rol de género impuesto. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en el mundo laboral. Las mujeres que logran pasar la barrera de la exclusión y acceden a una ocupación, lo hacen en condiciones precarias. La mayoría sin
seguridad social, sin contrato estable, sin afiliación sindical y muchas sin prestaciones. En méxico solo el 6% de las mujeres que trabajan ganan más de $12,900.
Las mujeres que trabajan en la economía de mercado, cumplen además con otra jornada completa extra de 39 horas. Mujeres de 30 a 59 años de edad, dedican más de 45 horas en promedio a tareas no remuneradas del hogar y de cuidados. El estudio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía señala que 97% de las mujeres
mexicanas son cuidadoras.
La Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado de los hogares de México (2020) señala el valor económico de estas actividades /22.8% PIB= 5.6 billones de pesos. Las mujeres aportan el 75.1% de este trabajo. En sociedades democráticas, la organización social de los cuidados debe orientarse a la consecución del bienestar a través de
medidas que eliminen la desigualdad en la distribución de los cuidados. En términos morales, el cuidado implica una serie de valores como la justicia social, la equidad, el derecho a cuidar y ser cuidada/o, así como el derecho al tiempo propio.
El Derecho al Cuidado se encuentra estipulado en los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing de 1955 se desarrolla la Declaración y Plataforma de Acción con una votación unánime de los 189 Estados parte.
Una de las esferas que integran dicha Plataforma global es “La Mujer y la Economía”, donde se aborda el reconocimiento del trabajo no remunerado desde una perspectiva de la economía del cuidado.
Años más tarde, en 2007, en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los países firmantes acuerdan la creación del Consenso de Quito, determinando compromisos para avanzar, entre otras cuestiones, en acciones tendientes hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho universal.
En el Consenso de Quito se enuncian las siguientes acciones para los países:
•Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral, que se apliquen por igual para hombres y mujeres, teniendo presente que al compartir responsabilidades familiares se crean condiciones propicias para la participación de la mujer.
•Adoptar medidas para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado, su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países y promover su inclusión en las cuentas nacionales.
•Reconocer la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica.
•Igualar condiciones y derechos laborales del trabajo doméstico al de los demás trabajos remunerados.
•Eliminar la brecha de ingresos entre mujeres y hombres.
Corresponde a los Estados implementar los compromisos adquiridos a través de la generación de políticas públicas, leyes y mecanismos institucionales que aseguren su cumplimiento y el pleno goce del derecho humano al cuidado.
Durante décadas, las políticas públicas de cuidado en México estuvieron orientadas al sistema de guarderías, centros de día, etc. No obstante, esta provisión de los cuidados desde el Estado se enfocó en las mujeres trabajadoras formales a través de sus prestaciones laborales, dejando de lado a las mujeres que transitan en la informalidad del empleo. Estos programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo que operaron en las últimas
administraciones, fueron eliminadas del presupuesto federal a partir del 2019.
En el año 2020 en la Cámara de Diputados se dictamina de manera positiva el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Esta iniciativa legislativa actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República.
EXIGIMOS SE APRUEBE LA INICIATIVA Y DEMANDAMOS LA CREACIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS. Los servicios de cuidados deberán ser universales, accesibles, de calidad, corresponsables, inclusivos, sostenibles, etc.
La corresponsabilidad va más allá de la conciliación, ya que incorpora la idea de que las mujeres y los hombres comparten presencia, responsabilidades, derechos y obligaciones tanto en el ámbito público como en el privado, y considerando que el reparto de las actividades domésticas y los cuidados deben ser equitativos.
