- El plazo venció el 1 de agosto y las empresas que no lograron cumplir, pondrán a millones de trabajadores en riesgo de perder su fuente de ingresos.
- Los plazos para poner en vigor la Reforma fueron diferentes para un sector económico frente a otro; al gobierno se le otorgo un año y a las empresas 90 días.
Así lo expuso el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para explicar su postura en contra, durante la Sesión del Periodo Extraordinario donde se aprobó el Dictamen por el que se reformaron los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del decreto en materia de subcontratación laboral publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 23 de abril de 2021.
«La reforma en materia de subcontratación laboral tenía una buena intención, pero fue mal confeccionada desde su origen y atentaba contra la seguridad laboral. MORENA cometió un error al otorgar un plazo inadecuado a las empresas para adecuarse a los cambios y por lo tanto estarán en la ilegalidad, poniendo a millones de trabajadores en riesgo de perder su fuente de ingresos,» explica la diputada federal Ana Paola López Birlain.
En la actualidad la mayoría de las empresas no han podido atender el mandato de la ley para dar cumplimiento a la reforma, 3.1 millones de trabajadores de empresas micro, pequeñas y medianas están en riesgo porque no se han podido subsanar los trámites ante la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria.
De acuerdo a cifras oficiales del IMSS, a la fecha hay 2.3 millones de trabajadores que han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios. En el caso de los servicios especializados u obras especializadas cuyo acuerdo fue publicado el 24 de mayo de 2021 emitido por la STPS, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro.
«En Acción Nacional estamos en contra de que la prórroga se lleve al 1 de septiembre, al ser insuficiente para que las empresas puedan ajustar su estructura administrativa, dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad laboral y social y fiscal en los términos que establece la Reforma. Los datos muestran que hay voluntad de las empresas a regularizarse y que los trabajadores de éstas, están siendo beneficiados,” explica la legisladora federal por Querétaro, quien propone un plazo prudente y ejecutable por las empresas y por el propio gobierno, al 31 de diciembre del 2021.
“Tenemos que recordar que estamos bajo efectos de la pandemia y que el Gobierno Federal no ha podido regresar a operar de forma normal, a esto sumamos la reducción de presupuesto, que se traduce en menor personal, en páginas y trámites electrónicos ineficientes y las mismas páginas intermitentes. Estamos en un momento muy álgido del país, con pérdida de empleos y una crisis económica de profundo impacto,” concluye Ana Paola López Birlain.
